miércoles 19 de enero de 2022

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Editorial

Un mamarracho

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30 de diciembre de 2021 - 01:00

Un emblemático caso de femicidio que conmovió al país en 2017 y que parecía cerrado, resultó ser un mamarracho jurídico, según un implacable fallo de la Cámara de Casación, que anuló la condena a prisión perpetua de Marcos Bazán dictada el año pasado. Se trata del crimen de Anahí Benítez, quien fue retenida, drogada, violada y estrangulada en la reserva Santa Catalina de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires.

La revisión de la sentencia se adoptó luego de constantes reclamos de las propias organizaciones feministas y de derechos humanos, además de los amigos y familiares de Bazán, que entendieron que la condena había sido arbitraria. Los argumentos de Casación son contundentes, y desnudan enormes falencias cometidas por el Tribunal durante el juicio y en los argumentos posteriores a la condena.

No parecen ser errores que cualquier funcionario judicial puede cometer, sino un intencional direccionamiento de la investigación para inculpar a Bazán, pese a la orfandad probatoria. Deberá recordarse que la desaparición de Anahí Benítez fue un tema de amplia difusión mediática. La presión política sobre el Poder Judicial para que el caso se esclareciera y no pasara como con otros previos, de igual repercusión pública, que quedaron impunes, fue tal vez un elemento que impulsó a los jueces a resolverlo prontamente, aunque la verdad no saliera a la luz. Uno de los crímenes que obró como antecedente y que quedó impune en la provincia de Buenos Aires fue el de Candela Rodríguez.

Un caso llamativo es que la investigación no estuvo a cargo, como jurisdiccionalmente correspondía, de la Policía Bonaerense, sino de la Policía Federal. Algunos analistas suspicaces aconsejan investigar si hubo, además de la pésima tarea de la Justicia, alguna trama política en el resultado final de la investigación que finalizó con la condena ahora anulada.

Si ya es grave que un tribunal judicial condene a una persona sin pruebas por errores cometidos en la instrucción de la causa o durante el juicio, mucho más lo es si la pesquisa está orientada intencionalmente para condenarla y de esa manera cerrar rápidamente una causa caliente y de amplia repercusión pública.

Ejemplos como el narrado aportan mayores recelos a la ciudadanía sobre el funcionamiento de la Justicia, un poder que exhibe una pésima imagen: el 79 % de los argentinos tiene poco o nada de confianza en la Justicia y el 71 % no cree en la independencia de la Justicia del gobierno de turno, según una encuesta que realizó la consultora Isonomía y la agrupación Abogados de Pie y que fue dada a conocer en febrero de este año.

Si hace unos días fue criticado el sistema de juicio por jurados porque absolvieron a un grupo de jóvenes acusados de violar a una nena en un camping y la causa fue anulada, los cuestionamientos recaen ahora en jueces “profesionales”. Como puede observarse, que los responsables de errores graves tengan título de abogado y vasta trayectoria en Tribunales no es garantía de idoneidad y transparencia, sino, quizás, todo lo contrario.n

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