La casa del contador Gustavo Abel Aparicio fue allanada. Fue procesado y se negó a declarar.
El contador público nacional Gustavo Abel Aparicio, supervisor de la Contaduría General de la Provincia, imputado como “autor de intermediación financiera sin autorización en concurso ideal con lavado de activos y defraudación, todo en concurso real con asociación ilícita”, está en la mira de la Justicia Federal, sospechado de haber movido varias decenas de millones de dólares a través de billeteras virtuales, con Edgar Bacchiani y sus principales laderos.
Su casa ubicada en el departamento Paclín fue allanada recientemente y luego, al ser indagado optó por guardar silencio ante las preguntas de los fiscales federales.
Para la Fiscalía, integrada por Rafael Vehils Ruiz y María Correa, los demás imputados en la causa “mantienen vínculos con Aparicio” con utilización de dinero en forma ilegal, por la situación procesal de los otros procesados y la “innumerable cantidad de transacciones que efectuó con su pariente José Armando Blas (socio y gerente de Bacchiani), y el resto de los imputados”.
Según la información a la que pudo acceder El Ancasti, los movimientos de valores en los años 2020, 2021 y 2022 realizados por el contador -que se desempeñó como auditor en la Contaduría General para pasar a ser supervisor-, pudieron ser rastreados porque en su mayoría fueron llevados a cabo a través de medios electrónicos que dejaron su rastro digital.
Debido al volumen de dinero que hizo circular y la elevada cantidad de transacciones llevadas a cabo, quedó expuesto ante el Banco Central y de la Justicia Federal por supuestas operaciones inusuales.
“Podemos inferir que Aparicio llevó a cabo las denominadas ‘Operaciones Sospechosas’, que por su cuantía y características no guardan relación con la actividad económica del cliente (…) se salen de los parámetros de normalidad establecidos dentro del segmento de mercado en el cual se halle ubicado”, explicaron desde Fiscalía.
Los fiscales advirtieron que además de operar con Blas, también lo hizo con Franco Javier Brey y una de las exparejas de Bacchiani procesadas en la causa, la esteticista venezolana Zaraive Celeste Garcés Rusa. Esos movimientos fueron considerados típicos del lavado de activos.
“Queda claro que Gustavo Abel Aparicio, a sabiendas de que el dinero que está distrayendo, convirtiendo, transfiriendo, administrando, gravando y/o disimulando, de manera evidente, pertenece a las inversiones de los particulares afectados", remarcaron los fiscales.
Aseguraron además que lo hizo "con total desprecio por la legalidad y las víctimas del delito de estafa, más aún si tenemos en cuenta que Aparicio tiene la profesión de Contador Público, por lo que su conducta cobra mayor relevancia por su actuación profesional y conocimiento de las normas de las actividades desarrolladas y sus consecuencias”.
El informe sobre el patrimonio de Aparicio fue solicitado por el Juzgado Federal el 6 de marzo de 2025 y lo realizó personal técnico de la Unidad de Investigación de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional, delegación Catamarca.
A fines de abril, el detalle ingresó al Juzgado y se dispusieron nuevas medidas.
De acuerdo al detalle y a modo de ejemplo, se conoció que un día de febrero de 2020, Aparicio operó con más de 30 monedas diferentes.
Solamente con Bacchiani realizó cerca de 20 transacciones por más de 3.5 millones de dólares (cambio actual).
En este contexto, los fiscales consideraron que la información suministrada por Gendarmería resultó de “vital importancia para la investigación referida al destino de los fondos captados a los ahorristas a través de Adhemar Capital SRL”.
El detalle que remarcaron a partir de los datos recabados, es que Aparicio “entra en escena con los movimientos de monedas virtuales”, recordando que la operatoria de la financiera tenía principal sustento en la gestión de valores digitales.
“Aparicio pudo tener un rol fundamental en la distracción del dinero (…) y se configuraría el delito de lavado de activos”, apuntaron.
A pedido del Ministerio Público y las querellas, el juez Miguel Ángel Contreras ordenó embargar e inmovilizar todas las cuentas y cajas de de seguridad.
A principio del año 2022, cuando tomó impulso la investigación en momentos en que el escándalo por la cesación de pagos de Bacchiani se manifestaba en las calles de la Capital con cientos de manifestantes protestando y exigiendo la devolución de sus capitales, entre los inversores ya se hablaba de maniobras para ocultar los bienes adquiridos, con el objetivo de que al declararse la quiebra, esos bienes no puedan ser hallados ni ejecutados.
Casi tres años más tarde, el fiscal Vehils Ruiz anunció el inicio de la investigación de oficio de una supuesta quiebra fraudulenta de las dos quiebras, Bacchiani persona física y de su empresa, que habían sido declaradas en 2022.
A fines de abril y luego de un intento del juez Contreras de cerrar la investigación, el fiscal en diálogo con El Ancasti, aseguró: “Me da vergüenza estar dando una nota para aclarar ciertos puntos, como que el juez federal Miguel Ángel Contreras, en su carácter de director del proceso, después de más de tres años pretenda endilgarle la responsabilidad de sus demoras al Ministerio Público Fiscal”.
Manifestó su malestar cuando estaba próxima a vencerse la prisión preventiva por un año de Bacchiani, Blas y Alexis Sarroca.
"Al señor juez se le acabó la paciencia y quiere sacarse la causa de encima diciendo que está clausurada la investigación, diciendo que las medidas que faltan tienen que ver con la recuperación de activos", cuando en realidad "se trata de un delito de lavado de activos. El MPF no se puede dar el lujo de no contar con esas pruebas", agregó.
