La problemática de la violencia en el ámbito escolar genera un intenso debate social. De la mano de esta problemática, surge otro debate más intenso aun: la baja de edad de imputabilidad. Al respecto, el juez Penal Juvenil Rodrigo Morabito dejó asentado en un reciente fallo (relacionado con esta temática), que “la intervención de la Justicia Penal es altamente desaconsejable y en el caso donde existe hasta quizás un posible caso de acoso escolar o bullying, estimo que la solución y el abordaje debe ser realizado en el ámbito educativo y entre toda la comunidad educativa; me refiero a los estudiantes, directivos, personal docente, no docentes, administrativos, padres de familia y tutores”.
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Sin judicializar y con abordaje en la escuela
Con este norte, el magistrado sostuvo que “la Justicia Penal resulta desaconsejable porque en muchas ocasiones puede llegar a transformar en delitos y ‘delincuentes’ a quienes por su mayor vulnerabilidad al ser niños, niñas y adolescentes pueden llegar a recaer en conductas que claro está deben ser repudiadas, rechazadas y hasta sancionadas en otros ámbitos (la escuela) pero que es en esos ámbitos a donde deben encontrar la solución a través de una cultura del diálogo para abordar los conflictos entre los adolescentes y la comunidad educativa toda, evitándose al máximo la injerencia de la Justicia penal en las instituciones educativas”, sostuvo.
Por su parte, en el marco del Precongreso Nacional del XVI Congreso Latinoamericano de la Niñez, Adolescencia y Familia, que se llevó a cabo semanas atrás en Tucumán, el juez Penal Juvenil Fabricio Gershani Quesada compartió la experiencia de la implementación de medios alternativos de solución de conflictos en Catamarca. La implementación de estas medidas alternativas es viable en aquellos casos en que la pena no resulte el medio más adecuado para la solución del conflicto. En ocasiones, la respuesta penal más idónea impone la extinción de la acción por la concurrencia de alguna solución alternativa –como la reparación aludida- y, en consecuencia, el sobreseimiento del imputado. “Las medidas alternativas dan buenos resultados. Tenemos una herramienta; está. Hay que incorporarla. Creo que es hora de dar paso a los medios alternativos de solución de conflictos que agilizan los procesos y buscan una reparación de la víctima, respetar su autonomía y su intervención real en el conflicto que la tiene como protagonista, evitando su revictimización propia de los procesos tradicionales. Nos debemos un debate profundo al respecto”, expresó.
Además, remarcó que un sector reclama un endurecimiento de las penas y bajar la edad de punibilidad. “La inmensa mayoría de los especialistas en las ciencias auxiliares del Derecho se pronuncian en contra de esta postura fundando su posición en diferentes argumentos. Es claro que entre la impunidad y la pena tiene que haber algo”, advirtió.