El Tribunal Oral Federal (TOF) condenó ayer a siete personas por narcotráfico, al tiempo que benefició a otras dos con la suspensión del juicio a prueba.
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Siete condenados con penas de entre 6 y 7 años por narcotráfico, todos con domiciliaria
El debate fue breve porque quienes fueron condenados admitieron su culpabilidad y responsabilidad al confesar su participación en los hechos imputados.
En este contexto, el Tribunal, integrado por Enrique Lilljedahl, Juan Carlos Reynaga y Federico Bothamey, prescindió de los testigos que iban a declarar y dio lugar a los alegatos.
La fiscalía, a cargo de María Correa, pidió condenas de entre 3 y 7 años de prisión para los nueve imputados, cuatro mujeres y cinco hombres.
Por su parte, la defensa particular de siete de los nueve imputados, a cargo de Juan Pablo Morales, pidió la suspensión del juicio a prueba para dos de sus defendidos, aduciendo que tuvieron participación secundaria y que en el caso de ser condenados, les correspondería una pena menor y en suspenso.
Para cada uno de estos dos sospechosos, la fiscalía pidió 3 años de prisión condicional.
Tras un breve cuarto intermedio, el Tribunal emitió sentencia.
Cristian Barrionuevo fue condenado a 7 años de prisión por ser "coautor de comercialización de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas en forma organizada" y "autor de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización", todo en concurso real.
María Gabriela Sosa fue condenada a 6 años de prisión por "comercialización de estupefacientes agravada por la intervención de tres o más personas en forma organizada". Al igual que Barrionuevo, contó con el patrocinio del defensor oficial Hugo Vizoso.
Por otra parte, María del Carmen Vera, Hugo Alfredo Pacheco, Héctor Raúl Luna, Luis Alberto Ponce y Mariela Fernanda Ponce -defendidos por Morales-, fueron condenados a 6 años de prisión por "comercialización de estupefacientes agravada por la intervención de tres o más personas en forma organizada".
Finalmente, Brayan Damián Moreira y Ana Laura Vega recibieron el beneficio de la suspensión de juicio a prueba, a pedido de Morales y con el acompañamiento de la Fiscalía.
Moreira y Vega deberán cumplir una serie de pautas de conducta impuestas por el Tribunal durante un año. Cumplido el plazo y si no quebrantan las medidas, podrán ser sobreseídos. Los condenados a prisión deberán cumplir con la sentencia en sus domicilios.
