Una chica de 15 años habría sido agredida por un grupo de alumnas de entre 16 y 18 años en cercanías de la escuela.
La Justicia Penal Juvenil investiga una agresión que habría tenido como víctima a una adolescente de 15 años en Valle Viejo. De acuerdo con la denuncia radicada, la estudiante habría sido atacada por un grupo de alumnas de entre 16 y 18 años en las inmediaciones de una escuela del departamento.
El hecho, ocurrido esta semana, motivó la intervención del servicio de emergencias médicas SAME, que trasladó a la chica al Hospital Interzonal de Niños Eva Perón (HINEP) para su atención y contención psicológica. Según se indicó, la madre de la adolescente fue alertada por una compañera de su hija, quien la llamó para informarle que la chica se encontraba descompensada en una plazoleta cercana al establecimiento educativo.
En el centro de salud pediátrico de referencia en la provincia recibió atención del equipo interdisciplinario de psicólogos y profesionales de la salud. Una vez radicada la denuncia, el fiscal Penal Juvenil Guillermo Narváez tomó intervención en la causa y dispuso las primeras medidas.
Ante situaciones de violencia en el ámbito escolar, desde el Tribunal Penal Juvenil suele darse intervención al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, la Asesoría de Menores y a la Secretaría de Familia del Ministerio de Desarrollo Social, organismo que tiene a su cargo el Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. La decisión apunta a garantizar un abordaje integral del conflicto, con la articulación de distintos organismos del Estado que trabajan en la protección de derechos de adolescentes y en la prevención de situaciones de violencia en el ámbito escolar.
La problemática de los conflictos en el ámbito escolar requiere de un abordaje comunitario e interinstitucional. Al respecto, el juez Penal Juvenil Rodrigo Morabito había señalado en un reciente fallo relacionado con esta temática que "la intervención de la Justicia Penal es altamente desaconsejable y en el caso donde existe hasta quizás un posible caso de acoso escolar o bullying, estimo que la solución y el abordaje debe ser realizado en el ámbito educativo y entre toda la comunidad educativa; me refiero a los estudiantes, directivos, personal docente, no docentes, administrativos, padres de familia y tutores".
En esa línea, el magistrado sostuvo que "la Justicia Penal resulta desaconsejable porque en muchas ocasiones puede llegar a transformar en delitos y 'delincuentes' a quienes por su mayor vulnerabilidad al ser niños, niñas y adolescentes pueden llegar a recaer en conductas que claro está deben ser repudiadas, rechazadas y hasta sancionadas en otros ámbitos (la escuela), pero que es en esos ámbitos a donde deben encontrar la solución a través de una cultura del diálogo para abordar los conflictos entre los adolescentes y la comunidad educativa toda, evitándose al máximo la injerencia de la Justicia penal en las instituciones educativas".
La provincia cuenta con la Ley 5402, sancionada en 2015, que propicia "la regulación de la exclusión del maltrato y promoción de la cultura de paz en la comunidad educativa y prevención y erradicación de bullying o acoso escolar entre pares". Esta norma establece los derechos y obligaciones de los integrantes de la comunidad educativa y contempla la creación del Observatorio de Violencia Escolar en el ámbito del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.
Este organismo, conformado por profesionales especializados, tiene entre sus funciones realizar investigaciones, estadísticas y análisis, además de involucrar a los poderes del Estado y organizaciones no gubernamentales a los fines de generar políticas para la resolución del maltrato escolar. Además, en 2022, la entonces ministra de Educación Andrea Centurión presentó el "Protocolo de Actuación ante Situaciones Complejas en las Instituciones Educativas", una herramienta destinada a que docentes, supervisores y toda la comunidad educativa puedan intervenir en situaciones conflictivas.
