La Justicia le endilga la sustracción de más de 16 millones de pesos. Víctimas pidieron un embargo preventivo.
Mientras avanza la investigación por millonarias estafas en una causa penal contra Graciana Valeria Páez, varios damnificados pidieron que se ordene su arresto y un embargo preventivo de bienes para un eventual resarcimiento económico.
Según fuentes judiciales, el perjuicio económico generado a partir de las múltiples estafas supera ampliamente los 16 millones de pesos. Las primeras maniobras denunciadas fueron realizadas en el año 2019 y se extendieron por años. Mientras tanto, hubo importantes saltos inflacionarios.
El caso es investigado por el fiscal de Instrucción Germán Quinteros, quien la imputó por "seis hechos de estafa simple y administración fraudulenta, en calidad de autora y en concurso real". Para los investigadores, la mujer simuló tener vínculos con empresas mineras, constructoras, funcionarios y organismos públicos para cometer los delitos.
Prometía y fingía que realizaba gestiones para que sus víctimas consiguieran trabajo o les fueran adjudicadas algunas obras, a cambio de sumas de dinero que justificaba aduciendo que debía cubrir gastos impositivos y de certificaciones. Inclusive compartió comprobantes falsos y documentación adulterada.
Presuntamente, en el año 2019 prometió a tres personas que entrarían a trabajar en una empresa minera a cambio de 13.500 pesos.
A otro damnificado le prometió crear una empresa para licitar la realización de 7.000 metros de asfaltado en Tinogasta, a cambio de $11.410.000. Inclusive ofreció gestionar la certificación ISO 9001 (norma internacional para los Sistemas de Gestión de Calidad) para una empresa, a la que le sustrajo $4.710.000.
Desde el Ministerio Público Fiscal informaron como parte de sus maniobras de estafa, la persona investigada se hizo entrevistar con el intendente de Tinogasta, Ernesto Andrada, y difundió una foto de ese encuentro entre sus víctimas, sugiriendo un acuerdo para la adjudicación de una obra. En este contexto, el intendente se presentó espontáneamente en la Fiscalía para desligarse de la actividad delictiva.
Fuentes judiciales consideraron que, más allá de los montos millonarios, hubo planificación y sofisticación para realizar los engaños.
Advirtieron que, de acuerdo con los primeros testimonios, hubo suplantación de vínculos institucionales y una escalada progresiva -o sensación de impunidad-, en los delitos, que comenzaron con cerca de $13 mil en 2019 hasta lograr transferencias de 11 millones de pesos.
En las próximas horas la fiscalía recibirá la planilla de antecedentes de la sospechosa, lo que podría cambiar su situación procesal.
