Defensores de 5 de los 10 imputados dijeron que estaba mal formulada la elevación a juicio realizada por Fiscalía.
Imputados. Al menos tres personas reconocieron los hechos.
El Tribunal Oral Federal (TOF) rechazó ayer el planteo de nulidad realizado por las defensas de cinco de los 10 imputados por narcotráfico contra la elevación a juicio realizada por el fiscal federal Santos Reynoso, por lo que se dio inicio al debate que debió comenzar el jueves 11.
La nulidad había sido solicitada por el defensor del remisero Ariel Magno Brandán (49), el abogado Pedro Vélez, y de los guardiacárceles Lucas Brandán (33), con los letrados Ariel Díaz Sosa y Sebastián Ibáñez; José Alberto Molina (43), con el abogado Marcos Gandini, y Jorge Raúl Valdez (49), asistido por un abogado se apellido Sosa. Se sumó además el abogado del chofer Raúl Apud (48), Juan Pablo Morales.
Por su parte, el defensor oficial Hugo Vizoso, en representación de Jacobo Eliseo Jiménez alias “Niño J” (31) y su padre Mario Roque Jiménez (61), de Dayana Giselle Sarmiento (31), Kevin Emanuel Barros (27) y Cristian Miqueas Barros (31) no acompañó el planteo de sus colegas. Para los abogados que hicieron el cuestionamiento, Santos Reynoso omitió señalar cuál fue el rol que cumplió cada uno de los 10 imputados en la banda.
En la jornada de ayer se dispensó la presencia de Apud en la sala de juicio debido a problemas de salud y los jueces del Tribunal dispusieron un nuevo cuarto intermedio hasta el jueves 25 a la mañana. Indicaron además que a Apud se le realice una pericia psicológica y una evaluación médica, para poder continuar con el debate.
La banda narco supuestamente era liderada por el "Niño J", imputado por "comercialización de estupefacientes doblemente agravado por la participación de tres o más personas organizadas, y por haber sido cometido en el interior de un lugar de detención (primer hecho), en concurso real con transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas organizadas (segundo hecho)".
Su padre, Mario Jiménez, está acusado como "coautor de transporte de estupefacientes agravado por la participación de tres o más personas organizadas (primer hecho)"; mientras que Apud fue imputado por "comercialización de estupefacientes doblemente agravado por la participación de tres o más personas y por haber sido cometido en el interior de un lugar de detención (primer hecho)".
Cristian Miqueas Barros (31) está imputado por "transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas organizadas (segundo hecho)". Dayana Sarmiento y el remisero Ariel Brandán fueron imputados como "coautores de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas organizadas (segundo hecho)". A su vez, Kevin Barros está procesado como "partícipe necesario de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas organizadas (segundo hecho)".
Los tres guardiacárceles del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), Brandán, Valdez y Molina, están imputados como "partícipes necesarios de comercialización de estupefacientes triplemente agravado por la participación de tres o más personas, por haber sido cometido por un funcionario público encargado de la guarda de presos y por haber sido realizado en el interior de un lugar de detención (primer hecho)".
Los hechos que derivaron en el juicio ocurrieron el 1 de agosto de 2022, cuando personal de Drogas Peligrosas y de Gendarmería que realizaba un control vehicular en el puesto caminero de El Portezuelo, departamento Valle Viejo, interceptó un remís conducido por Ariel Brandán, en compañía de Miqueas Barros y Dayana Sarmiento. A la mujer se le secuestró un preservativo con droga que llevaba en sus partes íntimas. Luego, en el Hospital San Juan Bautista, junto con Brandán expulsaron más de 35 envoltorios cubiertos por preservativos que contenían marihuana.
La introducción y venta de las sustancias dentro del penal de Miraflores habría estado a cargo de "Jota", con la participación de los guardiacárceles. A su vez, los vigilantes habrían cobrado para facilitar la entrada de las sustancias y el posterior traslado entre los distintos pabellones para su comercialización.
