jueves 13 de junio de 2024
El Mirador Político

¿Rumbo a la impunidad?

El del fiscal Laureano Palacios es un caso excepcional en más de un sentido...

El del fiscal Laureano Palacios es un caso excepcional en más de un sentido.

Es el único magistrado que consiguió sortear airoso el Jury, mérito más destacable si se considera la actividad que desarrolló este instituto en una especie de depuración del Poder Judicial desde que en 2017 destituyó a Roberto Mazzucco.

Las miserias que expuso aquel polémico proceso que escaldaron a la familia judicial indujeron una reticencia a reiterarlo que, sin embargo, no impidió la salida de otros cinco funcionarios, que prefirieron renunciar antes de someterse al escarnio de sentarse en el banquillo de los acusados. Los episodios más resonantes fueron los protagonizados por los camaristas Raúl Da Prá y Juan Pablo Morales, emboscados y registrados por una cámara oculta mientras recibían lo que aparentemente era un soborno, y el fiscal Ezequiel Walther, denunciado por la supuesta tentativa de hurto de una caja de herramientas.

La otra particularidad de Palacios es haber sido el único enjuiciado ajeno al ecosistema judicial. Todos sus predecesores habían desarrollado carreras en la Justicia. Él, en cambio, llevaba solo tres meses en el cargo cuando le tocó en suerte instruir el expediente por el asesinato del ministro de Desarrollo Social Juan Carlos Rojas, y sus únicos antecedentes eran de orden político: militante peronista y funcionario en el Gobierno y el Poder Legislativo.

¿Habrá tenido algo que ver esta composición de su currículum en el inesperado desenlace del Jury?

Lo que puede consignarse al respecto es que lo absolvió una mayoría que conformaron el presidente provisorio del Senado, Oscar Alfredo Vera, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Guerrero, y los abogados Pablo Nicolini y Silvia Cabrera. A diferencia del de los legisladores, referenciados en sus bancadas parlamentarias, el voto de los letrados fue mostrenco, pues resultan seleccionados a través de un sorteo.

El salvataje fue operado por la política de la que el salvado proviene, en contra de una minoría conformada por la presidenta de la Corte de Justicia, Fernanda Rosales Andreotti, y la diputada opositora Juana Fernández, con un aditamento significativo: los fundamentos se basaron en una fuerte crítica al fiscal Miguel Mauvecín, cuya acusación fue considerada defectuosa.

Es decir: la política rescató un fiscal surgido de sus entrañas y completó el mensaje corporativo desacreditando a un caracterizado miembro del Poder Judicial.

Reconvenciones

La absolución y restitución de Palacios produjo una conmoción tan intensa como breve.

Según el fallo, su accidentada gestión no perjudicó la investigación del crimen de Rojas, pero en el alegato del fiscal Mauvecín se destacaron dos reconvenciones.

Palacios, señaló el fiscal, no se ajustó a un principio elemental que debe aplicarse frente a una muerte dudosa: investigar “de mayor a menor”. La hipótesis del crimen se descarta en función de lo que marquen las pericias y la recolección de pruebas, y no asumirse recién cuando pericias y pruebas la confirmen.

En el inicio de la instrucción del Caso Rojas, Palacios procedió al revés, al punto que hasta la medianoche de ese 4 de diciembre en el que Fernando Rojas encontró el cuerpo de su padre todavía andaba consultando si los golpes que tenía el cadáver podían ser accidentales. Entregó el cuerpo para las exequias a pesar de sus dudas y no lo recuperó sino hasta la mañana del día siguiente al hallazgo. En las primeras horas de esa mañana, dijo que trabajaba para “descartar la muerte violenta”, y recién admitió que esa era la situación cerca de las 10 de la noche, cuando el escándalo empezaba a acelerar su escalada.

Como no tomó la perspectiva de que se trataba de una muerte violenta, pese a haber ordenado la autopsia, dejó desguarnecidas, liberadas para cualquier manipulación, locaciones clave. La casa de Rojas, donde lo encontró su hijo Fernando, quedó sin custodia y fue limpiada por la familia.

Este descuido es incontrastable: Palacios ordenó precintar el domicilio y preservarlo de intromisiones de nuevo casi doce horas después de que se hubiera retirado de allí el cadáver para practicarle la necropsia.

Tampoco ordenó Palacios resguardar el Ministerio de Desarrollo Social y el sindicato de gastronómicos, del que Rojas era secretario general, donde se hizo su concurrido velorio. Estas omisiones sugieren que el fiscal tampoco consideró que el eventual asesinato pudiera estar relacionado con las funciones que el occiso cumplía.

El otro reproche importante que deslizó Mauvecín fue que Palacios no “condujo” la investigación, sino que se dejó conducir. No tomó las decisiones que debía tomar, u otros las tomaron en su lugar.

La imagen es la de un fiscal inexperto, debutante en todo sentido en la práctica judicial, desorientado, a quien los auxiliares de la propia Justicia le retacearon colaboración.

La falla no solo fue individual. Hubo una defección del sistema, nada menos que en el asesinato de un ministro.

Preguntas sin respuestas

¿A Palacios le retacearon colaboración o pretendieron despistarlo?

Es el gran interrogante que el Jury no despejó. ¿El por lo menos extraño inicio del expediente Rojas fue producto de la negligencia y la inoperancia o de maniobras deliberadas de encubrimiento?

Los integrantes del Cuerpo Interdisciplinario Forense, que depende de la Justicia, fueron interrogados en el Jury. Con los policías que dependen del Poder Ejecutivo, en cambio, se prefirió incorporar por escrito los testimonios que habían vertido en el expediente penal. O sea: nadie en el Jury consideró que podía ser importante indagarlos sobre su participación en los albores de la causa.

Luego trascendieron testimonios que marcan a Tomás Rodríguez, quien al momento del crimen se desempeñaba como Jefe de Homicidios, como el responsable de haber echado a rodar la versión de la muerte natural. Y un policía que había ubicado en la escena del crimen a Silvina Nieva, única imputada hasta el momento, se desdijo en un careo y explicó que se había confundido.

El derrotero de la causa penal por el homicidio permanece en el más estricto de los secretos. Se desconoce la relevancia que el fiscal Hugo Costilla asigna a las curiosidades policiales. Tampoco se sabe qué hipótesis maneja o ha descartado.

La cuestión es que a siete meses del asesinato de un ministro no hay indicios sobre sus autores y móviles. Empieza a afirmarse y extenderse la impresión de que la causa rumbea hacia la impunidad.

CAJONES

La política rescató a un fiscal surgido de sus entrañas y completó el mensaje corporativo desacreditando a un caracterizado miembro del Poder Judicial

A siete meses del asesinato de Rojas no hay indicios sobre sus autores y móviles. Empieza a extenderse la impresión de que la causa rumbea hacia la impunidad.

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