lunes 21 de noviembre de 2022

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Editorial

Recursos para castigar los incumplimientos

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La Cámara de Diputados de la Nación le dio media sanción al proyecto de creación de un registro nacional de progenitores deudores de cuotas alimentarias. El trámite continuará ahora en el Senado de la Nación, pero como cuenta con el respaldo de los distintos bloques, se descuenta que se convertirá próximamente en ley. La iniciativa propone reunir en un solo registro la información que tiene cada una de las provincias, que cuentan con su propio registro.

La idea es que los deudores que figuren en ese listado de alcance nacional –la inmensa mayoría de los incumplidores son varones- tengan impedimentos para realizar una serie de actividades, entre los que se cuenta la prohibición de recibir o renovar tarjetas de crédito o débito, pasaporte o carné de conducir, realizar diversas actividades comerciales y concurrir a eventos públicos, entre otras. Estas restricciones funcionan como un modo de presión para que los infractores cesen con los incumplimientos en los que incurren.

La creación del registro nacional, además de concentrar toda la información, evita maniobras que progenitores deudores venían realizando para evadir sus responsabilidades, como mudarse de jurisdicción.

Si bien es cierto que el proyecto es considerado como un avance a favor del derecho de los progenitores que se hacen cargo del cuidado de los hijos, también lo es que persisten algunas dudas sobre la eficacia de la herramienta. Es que el sistema no ha funcionado bien hasta ahora en las provincias por distintas razones, pero con un solo resultado: la existencia de un registro no ha mejorado sustancialmente el cumplimiento de los deudores.

Los progenitores que tienen a los chicos a su cargo (como se dijo, la inmensa mayoría son madres) suelen padecer las dificultades económicas derivadas de la falta de aporte del otro progenitor, pero además severas dificultades de acceso a la Justicia por la existencia de una burocracia judicial pesada e ineficiente. De modo que lo que sucede con demasiada frecuencia es que desisten de continuar con el reclamo por cansancio o la falta de recursos para pagar un abogado que lleve adelante los engorrosos trámites legales.

Otra dificultad es la constante desactualización del monto de las cuotas que fija la Justicia. En 2016 se le dio media sanción en la Cámara de Diputados a un proyecto que planteaba el mecanismo de actualización de esos montos según inflación. Pero el Senado nunca trató la iniciativa.

El proyecto que seguramente tendrá status de ley próximamente es un avance. Pero para que surta efecto deben arbitrarse los procedimientos necesarios para que el registro pueda confeccionarse con información de calidad. Y la Justicia avanzar contra los deudores con los nuevos instrumentos legales y con los ya existentes, que contienen los recursos necesarios para castigar los incumplimientos y obligar a que las cuotas se paguen con montos que se actualicen al ritmo de la inflación.n

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