Una querella pidió prisión preventiva para los imputados que están libres, por riesgo procesal, que se les prohíba salir de la provincia y que se les instale un dispositivo de ubicación en tiempo real.
En medio de la andanada de excarcelaciones dispuestas por la Justicia Federal en las causas que investigan multimillonarias estafas a través de varias empresas, entre ellas Adhemar Capital SRL; una querella pidió de manera urgente que el juez Miguel Ángel Contreras eleve a juicio la causa en contra de Edgar Adhemar Bacchiani, fundador y CEO de esa financiera.
La presentación fue realizada en las últimas horas por el abogado Bruno Jerez, en representación de una veintena de damnificados, haciendo hincapié en el tiempo transcurrido desde que se inició el expediente.
Advirtió que las sucesivas peticiones de elevación a juicio, formuladas por el Ministerio Público Fiscal y por las querellas, generaron la interposición de pedidos de sobreseimiento por parte de las defensas de los imputados, "lo que ha provocado un insólito estado de indefinición procesal". "La resolución de los pedidos de sobreseimiento es el paso ineludible para avanzar hacia la etapa de juicio oral, máxime cuando se encuentra vencido el plazo que impone al juez el deber de dictar, en el término de cinco días, el dictamen de sobreseimiento o de elevación a juicio", explicó Jerez.
Aseguró además que, junto a sus representados, "nos oponemos formalmente a la admisibilidad y procedencia de los incidentes de sobreseimiento y pedimos al juez que resuelva inmediatamente esos planteos".
Con los demás integrantes de la banda en libertad -solo Bacchiani permanece en prisión porque fue condenado en Córdoba a nueve años de cárcel tras confesar que estafó a 50 personas-, el abogado reclamó que, "conforme a la acusación sostenida por las partes acusadoras, pido que ordene la clausura de la investigación y disponga en forma urgente la elevación de la causa a juicio oral, para no vulnerar el derecho de esta parte a obtener justicia".
Fuentes judiciales explicaron que, por cada delito imputado, los integrantes de la banda podrían recibir una pena en abstracto de entre cuatro y 20 años de prisión. Al momento de individualizar la condena podrían recibir de seis a 12 años o más, teniendo en cuenta que al haber sido procesados "en concurso real" -que tiene un efecto de acumulación-, la sentencia superaría holgadamente los 20 años de cárcel.
"Los imputados saben que el proceso se encamina indefectiblemente hacia el debate oral y la potencial imposición de una pena de cumplimiento efectivo", sostuvo Jerez. Agregó que, al estar en libertad, se incrementa exponencialmente el riesgo de fuga, por lo que pidió al juez que, para la totalidad de los imputados cuya elevación a juicio se solicita -incluidos aquellos con libre tránsito-, se les prohíba salir del territorio provincial y, en forma complementaria, se les instale un dispositivo electrónico (tobilleras) para monitoreo en tiempo real.
En su presentación, el querellante reiteró el pedido de embargos a empresas de transferencias de divisas.
"Habida cuenta que las siguientes empresas no han sido requeridas previamente, solicitamos al juez que ordene librar oficios de informe y embargo", resaltó.
Las empresas señaladas son Wise, Payoneer y PayPal.
Para finalizar, requirió que las firmas proporcionen los datos identificatorios de los imputados y las resoluciones de embargo ya dictadas en autos, informen sobre la existencia, titularidad y movimientos de cuentas o fondos a nombre de los encartados y que, en caso de existir, procedan al inmediato bloqueo y embargo de dichos activos hasta cubrir los montos de embargo que hace tiempo dispuso el Tribunal.n
