La anulación por parte de la Corte del veredicto que condenó a José Javier Aguilar por el crimen del policía Diego Chávez generó conmoción pública y opiniones críticas. Sin embargo, en la lectura fina del fallo sale a la luz que lo único que hubo fue un remedio interno del propio sistema de juicio por jurado.
La situación es concreta y hay poco para discutir. La Corte determinó que se cometió un error procesal grave. Cuando el jurado consultó si para calificar el delito como homicidio agravado era necesario un motivo de odio policial o bastaba que Aguilar percibiera que había un oficial del otro lado, el juez director respondió sin dar acceso a los argumentos de la defensa, transmitiendo solo la posición fiscal. Esta decisión condicionó el veredicto y constituyó una causal de nulidad. La Sala Penal de la Corte lo detectó, anuló el fallo y ordenó realizar otro juicio para determinar la escala de la condena contra Aguilar.
Esa anulación, lejos de debilitar el sistema de juicio por jurados, lo fortalece al demostrar que existen controles efectivos para evitar vicios procesales definitivos. La medida beneficia al sistema al corregir errores que vulneran el debido proceso y la igualdad entre las partes intervinientes.
Otro punto indiscutible es que Aguilar confesó ser el autor del crimen. Su responsabilidad en el hecho no está en discusión. Lo que debe determinarse en el nuevo juicio es si el homicidio fue simple o calificado, una diferencia que impacta en la pena: entre 8 y 25 años o perpetua. El nuevo proceso, con otro juez y otro jurado, resolverá esto.
Por otra parte, la liberación de Aguilar tras casi cuatro años de prisión preventiva responde a una obligación constitucional. El vencimiento de los plazos procesales, sumado a la nulidad del veredicto, no dejó alternativa. El comunicado firmado y avalado por el Jefe de Policía, que calificó la resolución como “error judicial”, no contribuye a la paz social y al respeto de las instituciones.
Las fuerzas de seguridad tienen derecho a solidarizarse con la familia de Chávez. Pero una cosa es el acompañamiento emocional y otra, desafiar públicamente una decisión del máximo tribunal provincial fundamentada y ajustada a derecho. Tal vez, si los funcionarios policiales firmantes hubieran tomado conocimiento de los detalles, su reacción habría sido más responsable.
La Policía, como órgano fundamental del Estado, debe operar dentro del marco legal respetando la división de poderes. Esto implica actuar con responsabilidad institucional incluso cuando las decisiones judiciales resulten difíciles de comprender.
La memoria de Diego Chávez merece ser respetada y es por eso que la Justicia determinó el error interno y ordenó que se realice un nuevo juicio justo. Batallas dialécticas entre organismos del Estado no contribuyen a esto. Aguilar, quien confesó su autoría, recibirá la condena que corresponda mediante un proceso libre de errores. Esa es la función del Estado de derecho.