Mientras el gobernante Frente de Todos y Juntos por el Cambio intentan conjugar las pretensiones de sus jerarcas, en el marco de una inflación que no cede, las diferencias entre las organizaciones en las que el Estado ha delegado la administración de la asistencia social escalan en intensidad.
Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, acusó a los movimientos afines al oficialismo de procurar “mano de obra barata” para lo que denominan economía social, y describió a Unidad Piquetera como la salida que tienen los excluidos para no “terminar en manos de los punteros más abyectos del municipio o de los movimientos sociales oficialistas”.
“Los punteros más abyectos”… Las adjetivaciones se adecuan a la coyuntura electoral. Belliboni descarga sobre las estructuras agrupadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Social imputaciones similares a las que suelen dirigirse a todos los movimientos sociales, indiscriminadamente: ser herramientas del clientelismo cebado en la miseria.
El disparador de esta confrontación puntual fue la suspensión de más de 154 mil programas Potenciar Trabajo. A criterio de Belliboni, es una maniobra del Ministerio de Desarrollo Social que comanda la albertista Victoria Tolosa Paz para redireccionar recursos a los movimientos del Frente de Todos.
“La plata que sobre de ahí va a ir a parar a las cooperativas de ellos (Emilio) Pérsico lo que quiere es que le den la plata a él. Y el que no pudo hacer la validación, que se embrome”, dijo, y se remontó a los vínculos que Pérsico, jefe del Movimiento Evita, forjó con la ministra de Desarrollo Social de Mauricio Macri, Carolina Stanley.
“Stanley firmó un acuerdo de entrega de 25.000 planes a la UTEP a cambio de la paz social en la calle. El acuerdo era con Emilio Pérsico, Daniel Menéndez, Esteban “Gringo” Castro y Juan Carlos Alderete, entre otros. Ese pacto está escrito. Este gobierno hizo lo mismo, hay un claro favorecimiento. Nuestra denuncia es que ellos están privilegiando las bajas para que la plata vaya para ellos”, recordó.
El dispositivo para fondear a Pérsico y los suyos en desmedro de Unidad Piquetera consistiría en destinar el dinero de los Potenciar Trabaja derogados a cooperativas manejadas la UTEP y Juan Grabois. Es un paquete importante: 60 mil millones de pesos al año, calculó Belliboni.
“Arman una cooperativa, hacen trabajos en la vía pública, construyen viviendas, violando todos los convenios habidos y por haber. La forma de intermediación es organizar esa tarea a cambio del plan social. Funciona como una contraprestación a cambio de una tarea por debajo de su calificación profesional. Potenciar Trabajo tiene una intermediación.
En nuestro caso, no queremos que los desocupados que cobran el plan social reemplacen a los trabajos en blanco por un salario menor. El plan social se cobra a través de una tarjeta que se deposita en el banco. Nosotros no les pagamos a las personas, cada tarjeta es individual”, explicó Belliboni.
“Nosotros –añadió- funcionamos como una contención contra los punteros y contra los piqueteros oficialistas: los organizamos de manera independiente, para que no sean mano de obra barata de la economía p o p u l a r, q u e para nosotros es precarización laboral”.
El recrudecimiento de la disputa entre las organizaciones sociale se expone la importancia que ha adquirido la administración de la asistencia social como mecanismo de control político y proselitista. No es para menos, en un país estragado por la pobreza.
Lo expuso Cristina Kirchner, en el origen de la polémica, cuando consideró que había que sacar a las organizaciones sociales del circuito.
