El presidente saliente de la UCR, Alfredo Marchioli, y el ex diputado Luis Lobo Vergara, quien fuera director del ENRE, se expresaron en contra de la disolución del organismo, pero aseguraron que tampoco tenía sentido que funcione como lo hace hasta ahora: “Son escribanos del Gobierno”, ironizó Marchioli. Ambos coincidieron en que “nadie defiende a los usuarios”.
Para Marchioli, desde que las empresas de Agua y Energía son de mayoría estatal, “el ENRE perdió su esencia”. “Depende del Ministerio de Economía y en realidad funcionan como escribanos. Entonces no tiene sentido que funcione como venían funcionando. Es necesario un ente que defienda a los usuarios, que no debería depender del Poder Ejecutivo sino del Legislativo”, opinó.
En este sentido, consideró que ese rol no lo cumplirá la Defensoría del Pueblo, ya que este organismo “actúa ante hechos consumados”. “¿Si no está el ENRE, en qué instancias los usuarios podrán interferir sobre el valor de la tarifa?”, se preguntó. Además, consideró que “sería bochornoso” que el Gobierno decida eliminar el ENRE por decreto de urgencia a tres días del inicio de sesiones ordinarias.
Para Lobo Vergara, la disolución del ENRE es una “mala decisión, producto de un mal asesoramiento” y atribuyó la situación actual del organismo a “muchísimos defectos que se los atribuyo al Directorio”. “Pretender que la Defensoría tome las facultades del ENRE es mezclar dos organismos que, si bien tienen relación, no son lo mismo”, sostuvo. “Cuando vos ponés a un amigo íntimo en un organismo de control o cuando ponés al ministro de Economía en un organismo de control, es porque no querés que te controlen”, reparó.
Por su parte, empleados del ENRE emitieron un comunicado donde consideran como “una flagrante violación a la Constitución Nacional” su disolución. En este sentido y sobre las versiones de que sería absorbido por la Defensoría del Pueblo, remarcaron que el Ente Regulador “funciona hace casi 30 años, recibiendo reclamos de los usuarios contra las empresas prestadoras", pero "lejos de ser esa la única función, el ENRE es el único autorizado a fijar y modificar los cuadros tarifarios del servicio de energía, agua potable y desagües, mediante procesos de audiencias públicas, logrando la participación de organizaciones, instituciones, funcionarios y público".
“Sin esta herramienta de control, las tarifas se establecerían por la autoridad de aplicación directamente, sin consulta ni justificación previa. La eliminación del ENRE deja una laguna respecto de quién realizará esta importante función. ¿Acaso las propias empresas determinarán las tarifas a cobrar a los ciudadanos? ¿O es el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente quien la llevará a cabo?”, se preguntaron.
"Como si todo esto no fuera suficiente para justificar la existencia del ENRE, es necesario aclarar que el Ente Regulador fue creado como un ente autárquico por la Ley N° 4836. Por lo cual es imprescindible dejar sin efecto esta Ley para cualquier acción que signifique eliminar o menguar el Organismo", advirtieron.
Finalmente, señalaron que "la erogación que implica el funcionamiento del ENRE es mínima, ya que el Poder Ejecutivo solo solventa los sueldos del personal, el cual, a su vez, es sumamente reducido y pertenece a la planta permanente de la Administración".
"La creación de un nuevo organismo implica exponencialmente mayores gastos, y no solo de personal", cerraron.
