Lo solicitará la defensa de uno de los imputados en la causa por las estafas procesales.
La defensa de uno de los imputados de la banda de los usurpadores solicitará que todas las juezas de Primera Instancia en lo Comercial y de Ejecución declaren como testigos en la causa que es investigada por el fiscal de Instrucción Nº 5, Hugo Costilla.
Se trata de la jueza de Primera Instancia en lo Comercial y de Ejecución de Primera Nominación, Claudia Gabriela Villalba; la jueza de Primera Instancia en lo Comercial y de Ejecución de Segunda Nominación, María Virginia Cano; y la jueza de Primera Instancia en lo Comercial y de Ejecución de Tercera Nominación, María Soledad Vega Romero.
Además, pedirán que sean citados a declarar los secretarios y secretarias de los tres juzgados, más los empleados que trabajan en los tribunales mencionados.
De acuerdo con la información a la que accedió El Ancasti, la medida será requerida por la defensa de Gastón Agulles, ejercida por el abogado Pedro Vélez.
Ésta podría ser la primera vez que las juezas y sus secretarios puedan estar ante el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) para relatar su versión de los hechos o dar las explicaciones que sean necesarias.
La decisión que tome Costilla será fundamental y, en cierta manera, permitirá ver cuál es el rumbo que puede tomar la causa. Entre otras cosas, el investigador tendrá que resolver si las juezas y sus secretarios serán testigos o imputados en el expediente.
La causa está en pleno desarrollo. Días atrás, este medio dio a conocer que la Fiscalía continúa recibiendo denuncias de supuestos damnificados.
La investigación se inició en el año 2017, cuando se conformó la banda y comenzó a delinquir con la complicidad de empleados de la Agencia de Recaudación de Catamarca (ARCAT), ubicados en sitios clave como el Registro de la Propiedad Inmueble y Catastro, Fiscalía de Estado y una amplia cobertura dentro de los juzgados Comerciales y de Ejecución.
Fuentes judiciales informaron que desde que se produjeron las detenciones, el fiscal recepcionó nuevas denuncias de damnificados, quienes apuntaron a los juzgados y señalaron a Mario Rodrigo Del Campo y su pareja, la abogada Rocío Grisel Gordillo, como principales sospechosos.
En este marco y por el volumen de los expedientes y las demoras en la tramitación de las demandas de los abogados defensores y de las querellas, la Procuración General de la Corte designó a la fiscal de Instrucción N° 3, Valeria Reyes, como coadyuvante para que colabore en la instrucción penal preparatoria.
En este marco, desde el MPF informaron que se continúa con la realización de nuevos diligenciamientos y que además se dio curso a una serie de pedidos solicitados por las defensas, para la ampliación de indagatorias de sus representados.
Advirtieron asimismo que “en cuanto a los elementos probatorios, parte de los teléfonos y dispositivos electrónicos secuestrados durante los procedimientos, serán enviados en los próximos días al laboratorio judicial de la ciudad de Buenos Aires para su extracción forense”.
Del Campo es investigado como jefe de la banda y Gordillo, como organizadora.
En la causa hay más de 20 imputados y se espera que el listado crezca.
