Burford Capital, el fondo que financia las demandas de Petersen y Eton en Nueva York contra el Estado Argentino por la irregular expropiación de YPF en 2012 por parte del gobierno kirchnerista, anticipó que le pedirá a la jueza estadounidense, Loretta Preska, que declare al país en desacato, lo que abre la puerta a posibles embargos de activos y sanciones adicionales.
Esto se debe a que consideran que Argentina no cumplió con el pedido de entrega de las comunicaciones de funcionarios y exautoridades, pese a que el país todavía tiene tiempo hasta el 10 de enero para hacerlo, en la nueva fecha límite formal que fijó Preska.
Aunque la magistrada apuntó que el país está incumpliendo sus órdenes, la Argentina debía recolectar el material a comienzos de noviembre, concedió una prórroga y busca dar un último plazo definitivo antes de tomar una decisión judicial.
Al respecto, en la audiencia del 9 de diciembre pasado, la jueza reconoció el incumplimiento y adelantó que la negativa del país a producir esa información podía derivar en un pedido de desacato y sanciones económicas y procesales, y autorizó a los demandantes a avanzar con un cronograma para formalizar la moción. De esa manera, obtuvieron la autorización para realizar su presentación entre el 15 de enero y el 5 de marzo.
Por el momento, casi la mitad de los funcionarios y exfuncionarios que están implicados en el caso entregaron sus chats de WhatsApp y mails. Sin embargo, las principales figuras políticas rechazaron colaborar. Tanto el ministro de Economía, Luis Caputo, como el canciller y ex secretario de Finanzas, Pablo Quirno, no accedieron a proporcionar sus comunicaciones con terceros en dispositivos o cuentas personales. A su vez, el exministro de Economía Sergio Massa no proporcionó respuesta, al igual que una decena de exfuncionarios.
Los demandantes buscan probar que YPF, Energía Argentina (Enarsa), Aerolíneas Argentinas, el Banco Nación y el Banco Central (BCRA) funcionan como 'alter ego' del Estado y que las distintas administraciones de gobierno ejecutaron políticas económicas a través de esas empresas.
La causa por el 'alter ego' se desarrolla en paralelo a la apelación de fondo, donde en cualquier momento el tribunal puede emitir sentencia. En el Gobierno consideran que por eso Burford está inquieto y busca acelerar embargos.
El juicio contra el Estado se originó por una supuesta violación al estatuto de YPF al momento de la intervención en abril de 2012 y expropiación al mes siguiente. La Argentina debió haber hecho una Oferta Pública de Adquisición (OPA) a todos los accionistas y no solo a Repsol, que va a ser uno de los grandes beneficiarios si se confirma el fallo de Preska, ya que es uno de los mayores acreedores de las sociedades en quiebra.
El resto de los beneficiarios son grandes bancos como el Santander, que prestó dinero para la entrada de los Eskenazi con el 25% de las acciones de YPF entre 2008 y 2010.
