La sucesión de ataques protagonizados por perros de raza pitbull en la ciudad Capital encendió una señal de alarma que no puede ni debe ser relativizada. Solo en el mes de febrero se registraron cuatro episodios, algunos de ellos con víctimas que sufrieron heridas de consideración. No se trata de hechos aislados sino de episodios concretos que generan temor en los vecinos y exponen falencias evidentes en el cumplimiento de las normas vigentes.
Los casos ocurrieron en distintos puntos de San Fernando del Valle de Catamarca: en el barrio Valle Hermoso, en Banda de Varela, en la intersección de avenida Balbín y Lomas Negras y sobre avenida Los Terebintos. La dispersión geográfica de los ataques demuestra que el problema no está circunscripto a un sector específico de la ciudad, sino que atraviesa distintos barrios y contextos urbanos. En todos los casos, la constante es la misma: animales potencialmente peligrosos que se encontraban en la vía pública sin las medidas de seguridad correspondientes.
Resulta inadmisible que perros catalogados como de razas peligrosas circulen sin bozal, sin correa o bajo la conducción de personas que no cumplen los requisitos legales. Desde 2009 rige en la ciudad una ordenanza específica que regula la tenencia responsable de este tipo de animales, y a nivel provincial la Ley 5542 —sancionada en 2018 establece disposiciones de contenido similar. Ambas normas detallan cuáles son las razas alcanzadas y fijan obligaciones claras para sus propietarios.
Entre esos requisitos figura la inscripción del animal en un registro municipal específico, la identificación visible mediante una chapa colocada en el collar con el nombre y teléfono del dueño, el uso obligatorio de bozal y correa cuando el perro se encuentre en la vía pública y la exigencia de que sea conducido por una persona mayor de 18 años. Asimismo, el domicilio donde reside el animal debe contar con cerramientos seguros y carteles de advertencia que informen sobre la presencia de un perro potencialmente peligroso. La ordenanza, además, prevé sanciones para los propietarios en caso de incumplimiento.
No se trata de demonizar a una raza en particular, sino de asumir que determinados animales, por su contextura física y potencia mandibular, pueden generar daños severos si no están adecuadamente controlados. La convivencia urbana impone reglas claras y cuando esas reglas no se respetan, las consecuencias pueden ser graves.
Es imprescindible que las normas vigentes se cumplan de manera estricta. Los propietarios de estos perros deben tomar plena conciencia de la responsabilidad que asumen al incorporarlos a su entorno familiar y comunitario. Pero también es necesario que las autoridades competentes ejerzan controles efectivos y sostenidos en el tiempo. La prevención no puede quedar librada a la buena voluntad individual.
Los episodios registrados en febrero son una advertencia. En determinadas circunstancias, este tipo de animales puede provocar lesiones gravísimas e incluso la muerte. Evitar que ello ocurra no es solo una cuestión normativa: es también una obligación ética y un compromiso indelegable con la seguridad de toda la comunidad.