Los ocho acusados ofrecieron resarcimiento económico y realizar trabajo comunitario en centros de salud.
La causa conocida mediáticamente como “órdenes truchas de OSEP” podría llegar a un capítulo definitorio el próximo 31 de octubre, cuando se realice la audiencia para resolver los pedidos de suspensión de juicio a prueba -también conocida como probation– solicitados por los ocho médicos que fueron acusados por presunto "fraude en perjuicio de la administración pública" en concurso ideal con "uso de instrumento privado adulterado".
La Cámara de Sentencia en lo Criminal de Segunda Nominación, integrada por los jueces Silvio Martoccia, Luis Guillamondegui y Daniela Barrionuevo, resolverá si acepta o rechaza las propuestas presentadas por las defensas de los imputados Juan León Córdoba Bustos, Marcelo Rolando González, Alejandro Codigoni, Hugo Leonardo Pacheco, Lilian Beatriz Pennise, Bruno Ariel Robledo, Nelson Walter Silva y Marcelo Alejandro Ubaid. En total, se trata de 49 hechos. Según la investigación, se habría determinado que una misma orden médica pasó múltiples veces en el mismo mes.
Los médicos, a través de sus defensores, presentaron un ofrecimiento integral que incluye: resarcimiento económico, cumplimiento de pautas de conducta y realización de trabajo comunitario basado en su profesión en distintos centros de atención primaria de la salud (CAPS).
El resarcimiento económico asciende a $15.300.000 en total. Con este monto, la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) recuperaría el dinero con valores actuales dolarizados. Según la información judicial, los acusados no cuentan con otros antecedentes penales, condición fundamental para que pueda concederse la probation.
En detalle, el médico Marcelo González, representado por el abogado Luciano Rojas, habría cobrado $10.000 y ahora ofrece $3.000.000. El abogado Herman Zalazar asiste al médico Bruno Ariel Robledo, quien habría cobrado $12.000 y su ofrecimiento es de $2.300.000.
El defensor Jorge Bracamonte (hijo) representa a Alejandro Codigoni, sospechado del cobro de $10.000, con un ofrecimiento de $2.100.000. El médico Marcelo Eduardo Ubaid, representado por el abogado Claudio Contreras, habría cobrado $5.000 y ofreció $1.000.000.
Contreras también defiende, junto a Fernando Contreras Del Pino, a los médicos Nelson Walter Silva –quien habría cobrado $7.900 y ofreció $1.500.000– y a Juan León Córdoba Bustos –quien habría recibido $10.200 y ofrece $2.000.000–.
El médico Hugo Pacheco, representado por Jorge De la Fuente, habría percibido $7.000 y hoy ofrece $1.300.000. Por último, Lilian Pennise, defendida por el abogado Iván Sarquís, habría cobrado $10.000 y su oferta es de $2.100.000.
El próximo 31 de octubre, el Ministerio Público Fiscal estaría representado por el fiscal de Cámara Augusto Barros, quien probablemente esté acompañado por el fiscal de Estado, Marcos Denett. Pese al perjuicio económico, la obra social no es querellante en la causa.
Es importante señalar que la suspensión del juicio a prueba es un instituto procesal que permite evitar el debate oral sin que se quiebre el estado de inocencia de los acusados. Si se concede la probation, los imputados no son declarados culpables, sino que se someten a prueba cumpliendo determinadas condiciones durante un período establecido. Solo si incumplen esas pautas podrían enfrentar el juicio.
La imputación prevé una pena de entre uno a seis años. Dado que ninguno de los acusados cuenta con antecedentes penales, habría posibilidades de una pena en suspenso si no se aceptara la probation.
Si el Tribunal aceptara la suspensión del juicio a prueba, los médicos deberían cumplir con las pautas de conducta que se impongan y realizar el trabajo comunitario en los CAPS, además de efectivizar el pago del resarcimiento económico. De esta manera, una causa que lleva más de una década en los tribunales podría llegar a su fin sin necesidad de realizar el debate oral y público.
La causa se remonta a diciembre de 2013, cuando la Comisión Directiva del Colegio Médico denunció en Fiscalía General la existencia de una gran cantidad de órdenes médicas irregulares o "truchas" que habían sido presentadas por un grupo de médicos para facturarlas a la OSEP. Según la investigación, los sindicados habrían presentado órdenes truchas a través del Círculo Médico y éstas fueron pagadas por OSEP. Este procedimiento pudo llevarse a cabo con colaboración de personas –que no fueron identificadas durante la investigación– tanto en el Círculo Médico como en OSEP. Es decir, no habrían funcionado correctamente las áreas de auditoría de ambas instituciones.
Originalmente, la causa comenzó con 12 médicos imputados. Los profesionales fueron enviados a juicio en 2019. Luego, en 2021, el fiscal de Sexta Nominación con competencia en Delitos contra la Administración Pública, Facundo Barros Jorrat, completó la investigación y envió a juicio a otros cuatro médicos: Carlos Vega Ramírez, Federico Sandez, Carlos Rafael Tolosa y Fabiana Olivato.
En diciembre de 2024, la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Exhortos resolvió que del grupo de 12 médicos que fueron imputados y elevados a juicio, solo ocho vayan a debate oral por los hechos consumados. El Tribunal de Alzada desestimó los hechos que estaban caratulados en grado de tentativa al considerar que se produjo la prescripción de la acción penal. De esta manera, la Cámara, por unanimidad, decidió confirmar parcialmente la resolución del Juzgado de Control de Garantías de Segunda Nominación. Por esta razón varios profesionales lograron el sobreseimiento en algunos hechos.
