La jueza Loretta Preska rechazó un planteo del país para evitar que se avance con el registro de acciones embargables.
En el marco del juicio por la expropiación de YPF, la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, resolvió rechazar la solicitud presentada por la Argentina para suspender el proceso de discovery. El pedido había sido formulado por el Estado mientras se aguarda la definición de la Corte de Apelaciones en la causa principal y a la espera de que el país avance con nuevas impugnaciones.
La decisión implica que la etapa de presentación e intercambio de pruebas seguirá su curso en el litigio que enfrenta a la Argentina con los fondos Burford Capital y Eton Park, pese a que aún restan instancias abiertas en el tribunal de alzada.
El conflicto se inscribe en la fase de ejecución de la sentencia que obliga al país a pagar u$s16.100 millones más intereses por la expropiación de la petrolera, concretada en 2012. Desde mayo de 2024, los demandantes activaron pedidos formales de discovery -instancia en la que las partes deben intercambiar información relevante- con el objetivo de identificar activos argentinos potencialmente ejecutables, con especial foco en las reservas de oro.
Oro del BCRA
En paralelo, los beneficiarios del fallo solicitaron la convocatoria de una audiencia probatoria para que el Tesoro argentino demuestre que no dispone de información sobre la localización y administración del oro soberano.
La semana pasada, la defensa presentó una declaración jurada referida a las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en la que sostuvo que esos activos gozan de inmunidad soberana y no pueden ser ejecutados judicialmente ni en Estados Unidos ni en otras jurisdicciones, independientemente de cualquier requerimiento de discovery.
El documento, firmado por el secretario de Legal y Técnica del Ministerio de Economía, José Ignacio García Hamilton, detalla que se recabó información en el Ministerio de Economía; el Ministerio de Seguridad; y el propio BCRA. Allí se subraya que la administración de las reservas es una facultad exclusiva del Banco Central en su carácter de ente autárquico.
Según la posición oficial, revelar datos sobre la localización de las cuentas donde se custodian las reservas de oro podría comprometer la política monetaria y cambiaria; el respaldo de los depósitos; y la seguridad del sistema financiero. Además, sostienen que brindar esa información afectaría la autonomía institucional del organismo.
En el escrito también intervino la Procuración del Tesoro, que enfatizó que la administración de las reservas corresponde exclusivamente al Banco Central y que entregar esos datos comprometería su independencia funcional. n