Los principales implicados en el procedmiento desconfían del Juzgado de Cano, pieza central en los fraudes procesales de la "banda de los ususrpadores".
Por la negativa de la jueza Comercial y de Ejecución,María Virginia Cano, a someter a pericia caligráficas alrededor de 2.000 pagarés de Edgar Adhemar Bacchiani, el proceso de quiebra del “trader god” corre serio peligro.
Es que la actitud de la titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial y de Ejecución de Segunda Nominación de aceptar pagarés sin peritarlos ni establecer su trazabilidad podría poner en crisis todo el proceso concursal, en caso de que se corrobore que parte de esos documentos son apócrifos.
De esta forma se verían perjudicados económicamente los acreedores legítimos, prolongando la quiebra y generando responsabilidad civil, administrativa y penal para los involucrados.
En este marco, la decisión del Juzgado no solo puede derivar en la nulidad del crédito y sanciones a los responsables del proceso, sino que también podría constituir fraude concursal, con penas de hasta 6 años de prisión.
Varios profesionales del derecho coinciden en que la pericial caligráfica es fundamental para corroborar la autenticidad de la firma en los pagarés y si se omite este paso, se corre el riesgo de admitir documentos apócrifos o falsificados, lo que vicia de nulidad la resolución que los reconoce como créditos legítimos.
Éste es el principal temor de los involucrados en la quiebra de Bacchiani, quienes, al igual que el propio Bacchiani, ya realizaron reiterados planteos ante ese juzgado pidiendo por la pesquisa técnica, advirtiendo que la denegación provoca una mora inexplicable en la tramitación de la quiebra y en el resarcimiento de los damnificados.
El temor de los intervinientes en la causa Bacchiani suma un nuevo elemento ahora que el Juzgado de Cano quedó en el centro de la polémica por ser ahí donde se perpetraron gran parte de las estafas procesales de “la banda de los usurpadores” que encabeza Mario Rodrigo Del Campo.
De dicho Juzgado hay empleados involucrados y procesados en la causa que lleva adelante el fiscal de Instrucción nº5, Hugo Costilla, por la ejecución de pagarés que podrían ser apócrifos.
Como lo informó El Ancasti, cerca de dos mil pagarés con la firma de Bacchiani fueron incorporados por la jueza a la quiebra del trader. En ese sentido, estos documentos fueron recurridos sin éxito por el mismo Bacchiani y sus acreedores, exigiendo que sean sometidos a una pericia caligráfica para determinar su autenticidad.
Esa pesquisa fue denegada reiteradamente por Cano, quien lleva adelante la tramitación de la quiebra desde que fue declarada en el año 2022.
En este marco, en octubre del año pasado, ese Juzgado declaró como verificados 854 créditos (acreedores). Nueve fueron considerados inadmisibles y a cuatro directamente los desestimaron.
En la causa del “trader god”, la decisión de la jueza de permitir el ingreso de más de pagarés con la supuesta firma de Bacchiani al universo de acreedores sin la corroboración de la firma y la trazabilidad de los documentos podría generar consecuencias irreparables para los involucrados en el expediente de buena fe.
En este sentido, para los acreedores legítimos, la inclusión de créditos fraudulentos aumenta el pasivo verificado, reduciendo la porción que percibirán los reales acreedores en la distribución de activos. "Hemos repetido varias veces el pedido de pericias caligráficas pero no obtenemos respuesta. Lo hemos pedido muchas veces", explicaron desde las querellas en las causas que tiene Bacchiani en la Justicia Federal como la provincial.
Actualmente, hay una investigación de parte de la Justicia Federal para determinar si la quiebra de Bacchiani es fraudulenta. En este sentido, la Fiscalía Federal a cargo de Rafael Vehils Ruiz inició una investigación de oficio para determinar si los procesos en los juzgados Comerciales y de Ejecución contra el trader (persona física), y Adhemar Capital SRL fueron solicitadas en forma fraudulenta.
En el marco de la investigación, aquellos acreedores que presentaron pagarés sin verificar están sujetos a ser acusados de fraude concursal, uso de documento falso y falsificación de documento privado. Todos ellos delitos penales con penas de prisión.
Las consecuencias directas también podrían caer sobre el síndico y la propia jueza, ya que quedarían a tiro de una acción de responsabilidad por daños y perjuicios, si se corrobora que hubo una actuación negligente o dolosa que perjudicó a los acreedores legítimos. El síndico estaría sujetos a destituciones y sanciones si admitió créditos sin control suficiente, mientras que todas las decisiones de las jueza podrían ser revocadas por la Cámara de Apelaciones en lo Comercial.