La violencia de género emite señales. Esta puede ser expuesta crudamente en una denuncia penal y en otros casos, no cruzan ese umbral, pero puede llegar a manifestarse en un notable cambio de conducta de la víctima. El aislamiento social, el miedo, la baja autoestima son solo algunas de las maneras en las que la mujer violentada expresa el dolor.
En el caso dado a conocer por los medios como el “intento de femicidio de Antapoca”, la sobreviviente había pedido auxilio antes de ser brutalmente agredida por José Marcelo Vega, su pareja. La joven había dado señales de la violencia de género que estaba padeciendo al acudir a los dispositivos judiciales quienes, junto a la Policía no le otorgaron la custodia correspondiente. Ella – cuyos datos no se dieron a conocer para resguardar su integridad – había pedido que Vega no se acerque más a su domicilio. “Que me deje hacer mi vida”, dijo en la Unidad Judicial luego de que el hombre la ahorcara y la amenazara con “te voy a enterrar acá y te voy a echar cal, nadie te va a encontrar acá”.
La violencia desplegada por Vega no menguaba pese a las medidas judiciales. En enero de este año volvió a la carga: golpeó a la mujer e intentó ahorcarla con sus propias manos hasta que la fortuita llegada de un vecino evitó que la situación pasara a mayores. Otra vez la víctima fue hasta la Unidad Judicial N° 10 pero la denuncia no habría prosperado. Las restricciones solicitadas quedaron en la nada y tres meses después Vega volvió a cumplir con sus advertencias.
A mediados de abril atacó salvajemente a golpes de puño a la joven para luego intentar estrangularla. Antes de emprender la huida, roció con combustible la vivienda y provocó un incendio procurando impunidad. La joven pudo ser rescatada por una policía y horas más tarde Vega fue capturado e imputado por el intento de femicidio.
De poco sirvió que desde el año pasado la víctima activara los resortes de la Justicia y que en más de una ocasión pidiera ayuda de manera desesperada para que su victimario no consumara las amenazas. Una vez más el sistema falló. Los controles no se cumplieron y el estado de vulnerabilidad en el que estaba inmersa la mujer, se vio potenciado por la desprotección estatal.
Semanas después del terrible hecho se conoció un nuevo informe del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, en el que se señaló que desde el 1 de enero de 2025 al 30 de abril último, en el país hubo 90 femicidios y vinculados de mujeres y niñas y seis femicidios vinculados de varones adultos. En Catamarca, en menos de un año, hubo dos casos de femicidio.
El caso de Antapoca se inscribe en un patrón que ya no permite más advertencias ignoradas ni diagnósticos repetidos. Las cifras del Observatorio no son solo estadísticas: son alertas que el sistema desoye una y otra vez. Cuando una mujer denuncia y no es protegida, no hay falla: hay responsabilidad. Y esa responsabilidad es estatal, judicial y policial. Cada omisión institucional frente a la violencia de género es una complicidad encubierta. Porque si el Estado no actúa a tiempo, ya no se trata de prevenir: se trata de contar cadáveres.
