El conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas ha ingresado en un laberinto judicial que dilata la resolución mientras asfixia al sistema universitario. Es una trampa, que mantiene el presupuesto de la universidad pública en un limbo.
Ayer, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal admitió el recurso extraordinario del Gobierno contra el fallo que lo obligaba a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y habilitó la intervención de la Corte Suprema de Justicia en la causa. Así, la medida cautelar que obligaba al Estado a transferir los fondos quedó otra vez suspendida.
Mientras, las transferencias a las universidades experimentaron una caída real del 45,6% entre diciembre de 2023 y 2026. La brecha entre la inflación acumulada (280%) y los aumentos salariales (158%) ha empujado a la mayoría de los docentes de dedicación simple por debajo de la línea de pobreza, con un desplome de su poder adquisitivo superior al 32%.
Tras la entrada de la Corte en el circuito, el Gobierno nacional mostró la punta de otro naipe que podría utilizar en su estrategia, al sugerir que los tres miembros de la Corte Suprema —Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— deberían considerar excusarse. Al ser docentes, alega la administración libertaria, el fallo sobre una ley que recompone salarios podría colisionar con sus propios intereses académicos.
Es una sugerencia que apela a la buena voluntad de los ministros, pero podría evolucionar a la recusación.
La arquitectura del bloqueo a la Ley de Financiamiento Universitario comenzó con el Decreto 759/2025, que suspendió su aplicación. El Gobierno envió luego un proyecto "correctivo" al Congreso, pero no ha conseguido reunir las mayorías necesarias para avanzar.
El sistema universitario se encuentra en una encerrona: una ley ratificada por el Congreso después del veto de Javier Milei está trabada por argucias leguleyas y el proyecto que debería "corregirla" carece de viabilidad política.
Ante la parálisis de los tres poderes —un Ejecutivo que suspende leyes y desacata sentencias judiciales, un Congreso trabado y una Corte diezmada que enfrenta pedidos de excusación— la marcha federal convocada para el martes 12 de mayo adquiere otro cariz.
Mientras la Casa Rosada apuesta a diluir el conflicto en el laberinto judicial, al sistema universitario no parece quedarle otro recurso que tratar de reiterar el impacto de aquella primera movilización en defensa de la educación pública, que fue también la primera y más masiva marcha que se hizo contra las políticas de Milei.
La convocatoria de aquel 23 de abril de 2024 desbordó todos los pronósticos y fue la primera señal de que el ajuste sobre la educación superior tenía una capacidad inusual para movilizar a sectores muy amplios de la sociedad argentina, más allá de las comunidades universitarias.
La segunda marcha, el 2 de octubre de 2024, se realizó bajo la sombra inmediata del veto presidencial a una primera versión de la Ley de Financiamiento.
La tercera, el 17 de septiembre del año pasado, se produjo en coincidencia con el debate en la Cámara de Diputados sobre el rechazo al nuevo veto de Milei. Esa vez, la insistencia parlamentaria finalmente triunfó y la ley fue promulgada por la fuerza de los votos.
La del martes será la cuarta, contra la trampa judicial construida por el Gobierno. Neutralizadas ya dos sentencias que obligaban a acatar la ley de Financiamiento, es la única forma de presión que le queda a un sistema universitario que ha agotado casi todas las instancias institucionales disponibles.
Las aulas están abiertas, pero cada vez más vacías de recursos. Los laboratorios funcionan, pero con equipos que no se reponen. Los docentes son cercados con salarios cada vez más míseros.
El Gobierno nacional no podrá terminar con la educación pública, pero avanza sin pausa en su pauperización.