El Gobierno nacional avanzó con una nueva arremetida para lograr la baja de la edad de imputabilidad. Hoy, en la Argentina, un joven puede ser juzgado penalmente a partir de los 16 años; la iniciativa oficial propone reducir ese umbral a los 13, habilitando que un adolescente sea considerado penalmente responsable por la comisión de un delito.
Se trata, quizá, del punto más álgido del proyecto de Régimen Penal Juvenil que el Ejecutivo busca reformar y que será uno de los ejes de debate en las sesiones extraordinarias del Congreso, previstas entre el lunes 2 y el viernes 27 de febrero.
Al fundamentar la iniciativa, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, sostuvo que “la edad de 16 años se fijó en 1980. Es una ley que no dice nada. El joven de 1980 no es el joven de 2026: hoy es un joven atravesado por la droga, la violencia y muchísimos otros factores”. En ese marco, el oficialismo plantea equiparar la legislación nacional con la de otros países de la región, como Chile, Colombia y Perú, donde la imputabilidad comienza a los 14 años, y Brasil o México, donde se ubica en los 12.
Sin embargo, la comparación regional abre interrogantes. Argentina, con una edad de imputabilidad fijada en los 16 años, registra un promedio de 5 homicidios cada 100 mil habitantes, muy por debajo de Brasil y México, que alcanzan los 23 cada 100 mil, según datos de 2023. La relación entre endurecimiento penal y reducción del delito, a la luz de los datos disponibles, no aparece tan directa como se intenta presentar.
El proyecto fija una pena máxima de 15 años de privación de la libertad únicamente para delitos graves -como homicidio, abuso sexual o secuestro- y prioriza sanciones alternativas para hechos con penas de hasta tres años, como tareas comunitarias, restricciones de acercamiento y reparación del daño, dejando el encierro como último recurso. También prevé que los adolescentes no sean alojados con adultos y que permanezcan en instituciones especializadas.
Cúneo Libarona aseguró que el ecosistema judicial acompaña la propuesta. “Me reuní con jueces y fiscales de menores y todos me apoyan. Dicen que tiene que haber un cambio; el régimen actual es injusto para la víctima, porque lo dejás en la calle”, afirmó.
Pero no todas las voces del sistema judicial coinciden. El juez penal juvenil de Catamarca, Rodrigo Morabito, envió una carta al presidente Javier Milei en la que rechazó la iniciativa y advirtió que el Estado suele llegar a la vida de estos adolescentes “tarde y a través del castigo”. Desde los tribunales, sostuvo, no se ven enemigos sino historias de abandono y cadenas de violencias previas.
Las estadísticas tampoco respaldan el relato dominante. De los 2.290 homicidios registrados en 2024, sólo el 0,6 % fue cometido por niños y adolescentes de entre 10 y 15 años. En el tramo de 16 a 19 años se contabilizaron 243 casos, el 10,6 % del total. La mayor incidencia se concentra en adultos jóvenes de entre 20 y 34 años, con el 36 % de los homicidios.
El asesinato de Jeremías Monzón, de 15 años, en Santo Tomé, un crimen brutal que generó conmoción social, volvió a instalar el debate. Pero convertir casos extremos en motor de reformas estructurales siempre encierra un riesgo: legislar desde la urgencia emocional y no desde la evidencia. La pregunta de fondo sigue abierta: si el problema es la violencia, ¿alcanza con bajar la edad de imputabilidad o se está eligiendo el camino más rápido antes que el más eficaz?
