Conocido el procesamiento de Livent y su expresidente por parte del Juzgado Federal en lo Penal Económico nº4, la oposición exhortó a que la causa llegue a buen puerto.
Embargada. Parte de la propiedad de Livent (hoy Rio Tinto) está embargada.
Luego de que el Juzgado Federal en lo Penal Económico N° 4 dictara el procesamiento de Livent (Minera del Altiplano) por la subfacturación del litio catamarqueño, la oposición solicitó que la Justicia catamarqueña avance con las causas locales contra la empresa. Además, vinculó al Gobierno provincial en el escándalo al afirmar que no controló a la empresa de capitales norteamericanos.
Conocido el procesamiento, los diputados provinciales Hugo Ávila (Frente Amplio Catamarqueño) y Alfredo Marchioli (UCR) celebraron la medida judicial y exhortaron a que el proceso continúe para determinar el perjuicio de la empresa a la provincia.
En el caso de Ávila, el diputado recordó que él ya había denunciado a la empresa cuando apenas explotó el escándalo de la subfacturación y pidió que este expediente avance. "En 2022 presenté la denuncia penal en el Juzgado Federal de la Provincia de Catamarca por las subfacturaciones que le produjeron un daño enorme a las arcas de la provincia. Lo llamativo de todo esto es que el Gobierno de la provincia de Catamarca, a través de Fiscalía de Estado, jamás denunció penalmente a Livent por la subfacturación", sostuvo el diputado provincial, que va por su segunda reelección.
Ávila indicó que las subfacturaciones "le hicieron perder mucha plata a la provincia porque la empresa presentaba facturas en las que decía que vendía la tonelada de litio a 6.700 cuando el precio internacional era de 72.000 dólares".
"Esto fue un robo a la vista de todos que hizo que la Dirección de Aduana y la AFIP también generen multas en contra de Livent. Ahora la denuncia penal avanza y el gobierno de Catamarca sigue sin hacer absolutamente nada", sostuvo el diputado. En este contexto, apuntó al Juzgado Federal de Catamarca por no dar respuestas a la presentación que él realizó, lo que a su criterio "muestra la complicidad con el robo de Livent porque tampoco avanza con la denuncia penal que yo presenté".
Ávila metió el escándalo de Livent en la campaña electoral al afirmar que "esto va a continuar mientras el pueblo de Catamarca siga votando" al oficialismo provincial. En este sentido, denunció que el Gobierno le sigue dando garantías a potenciar internacionales "de que pueden venir, sacar, depredar, llevarse todo y que no va a haber ningún control ni ambiental, ni de la cantidad de recursos que exportan, ni de los precios a los que lo venden al mercado internacional".
"Esto de la única manera que se puede cambiar es con el voto de los ciudadanos catamarqueños. Terminar con el saqueo, con la entrega de los recursos naturales no renovables, con la depredación del medio ambiente y que se pueda avanzar en estas causas penales en contra de estas grandes multinacionales que vienen a llevarse todo. Es vergonzoso", cerró.
El Ancasti informó que el Juzgado Federal en lo Penal Económico N° 4 dictó el procesamiento de la empresa y su ex presidente Luciano Antonio Mancuso. En el fallo se los acusa de coautores del presunto delito de contrabando de exportación en concurso con la utilización de documentación ideológicamente falsa, en el marco de la causa "Sales de Jujuy S.A. y otros s/ Infracción a la Ley 22415". Rio Tinto, la empresa que absorbió a Livent y está a cargo del proyecto Fénix de donde se extrae el litio en Antofagasta de la Sierra, dijo que apelará la medida.
El Ancasti fue el primer medio que planteó la subfacturación por parte de Livent y su cobertura fue fundamental para que el proceso avance en la Justicia Federal. De hecho, el origen de la causa remite a una denuncia presentada por Pablo Rutigliano, quien se presenta como presidente de la Cámara Latinoamericana del Litio. Su presentación fue acompañada por publicaciones de El Ancasti. Este dato es resaltado por el portal web Infobae, que destacó que El Ancasti "realizó un extenso seguimiento del tema durante 2023. Aquella cobertura periodística visibilizó el caso y precedió a la actuación de la AFIP y la Justicia".
En un breve comunicado, Rio Tinto aseguró que “reconoce y respeta la normativa aplicable a este tipo de procesos judiciales en Argentina y tiene el compromiso de cumplir plenamente con ella”. Sin embargo, aseguró que considera que "estos cargos carecen de fundamento". En ese marco, indicó: "Sostenemos firmemente que no se ha cometido ninguna irregularidad. Los cargos se basan en planteos realizados por una persona sin vínculos directos con nuestra compañía, y no por las autoridades aduaneras, fiscales o cualquier otra autoridad". "Hemos tomado las medidas legales y procesales pertinentes para defender nuestra posición y estamos trabajando para resolver este asunto lo antes posible”, adelantó.
