El diputado Tiago Puente (UCR) criticó al Gobierno por no cumplir con el procedimiento legal para la selección de los candidatos a ocupar el cargo.
Durante la primera sesión del período ordinario de la Cámara de Diputados, el legislador radical Tiago Puente criticó duramente al Ejecutivo provincial por el retraso en la designación del Defensor del Pueblo. Tras conocerse el ingreso del proyecto de ley destinado a modificar el proceso de designación del cargo, Puente lo calificó como “una maniobra para beneficiar a un ex ministro del actual gobernador, Raúl Jalil”, en referencia a Dalmacio Mera.
En el recinto, el legislador radical denunció que "mientras se desarrollaba la sesión, nos llegó el listado de esos siete proyectos que ingresaban y todavía no tenemos acceso a los últimos cuatro proyectos que ingresaron". "Solamente en el sistema se encuentran hasta el proyecto número 183 del 2025, digo esto porque quería observar cuál es la modificación a la Ley 5337 que busca la designación del Defensor del Pueblo” indicó.
En ese sentido, cuestionó la voluntad del oficialismo: “Han rechazado tomar al estado parlamentario un proyecto de mi autoría que busca que se avance con los mecanismos institucionales que prevé la ley que hace 11 años, perdón, hace 14 años está en vigencia”.
Además, recordó que “en septiembre del 2011, cuando el Frente Cívico y Social ya estaba por dejar el gobierno, se aprobó la ley del Defensor del Pueblo. Proyecto que por las dudas no era de ningún legislador radical, era de Pilar Kent de Saadi. 14 años hace que gobiernan y recién ahora les importa designar el Defensor del Pueblo”.
Finalmente, Puente arremetió contra Dalmacio Mera y acusó al Gobierno provincial de querer "manipular una ley para acomodarle el traje a medida de un compañero, que pobrecito se quedó sin sueldo. El inútil se quedó sin sueldo. Y digo inútil porque fue la peor gestión en Educación que tuvo la provincia de Catamarca”. “Pobrecito, el compañero se queda sin sueldo, rápidamente acomodemos la ley para que pueda tener el carguito” concluyó.
Por otro lado, se conoció que ayer el gobernador Raúl Jalil firmó el decreto que designa a Dalmacio Mera como titular de la Defensoría del Pueblo de la provincia, conforme a lo establecido por la Ley N° 5337 y su modificatoria (Decreto Acuerdo N° 719/2025).
Este nombramiento tendrá vigencia hasta que el Senado otorgue el acuerdo de los dos tercios, tal como lo exige la normativa vigente. La decisión generó polémica, ya que se realizó sin completar el proceso establecido por la ley.
Desde el Gobierno explicaron que la designación de Mera responde a la necesidad de cumplir con un procedimiento urgente y específico, en tanto se avanza en el proceso formal. La Defensoría del Pueblo es un órgano autónomo cuya misión principal es promover y proteger los derechos humanos, además de controlar los actos de la administración pública tanto provincial como municipal.
Puente presentó un proyecto de resolución en el que solicita el cumplimiento inmediato de la Ley Provincial Nº 5337, la cual establece el procedimiento legal, participativo y con control legislativo para la designación del Defensor del Pueblo.
Entre los fundamentos del proyecto se sostiene que “han transcurrido más de trece años desde su sanción sin que se haya conformado la Comisión Bicameral Permanente ni activado el procedimiento previsto por los artículos 3° y siguientes de la ley”.
Asimismo remarca que “esta prolongada omisión institucional constituye una deuda democrática que socava la función de control que la Defensoría del Pueblo debe ejercer como órgano autónomo y garante de derechos”.
Asimismo, señala que “frente a este incumplimiento histórico, preocupa especialmente que el Poder Ejecutivo haya manifestado su intención de designar al Defensor del Pueblo por decreto, alegando que la normativa vigente ‘requiere actualización’ o no se adecua a la realidad institucional actual”.
Finalmente, advierte que no solo es jurídicamente insostenible, sino que “revela una clara voluntad de eludir el proceso participativo previsto por ley, en beneficio de una designación directa, arbitraria y sin control parlamentario”.
