Resulta inquietante que, mientras los propios datos del sistema estadístico nacional reflejan una caída sostenida de los ingresos —tanto en el sector privado registrado como en el público, así como entre los trabajadores informales—, acompañada por un deterioro en jubilaciones y pensiones y un incremento del desempleo en los últimos dos años, el INDEC difunda simultáneamente indicadores que señalan una reducción de la pobreza durante la actual administración.
Esta distorsión de las estadísticas oficiales alimenta el escepticismo de la ciudadanía respecto de la veracidad de las cifras, en especial de aquellas que pretenden describir la magnitud de la crisis social. Es que la experiencia cotidiana de amplios sectores sociales, marcada por la pérdida de poder adquisitivo, la retracción del consumo y la precarización laboral, entra en colisión con los números difundidos por el organismo estadístico.
Uno de los puntos centrales de esta controversia radica en la medición de la inflación. El método vigente se apoya en una canasta de consumo notablemente desactualizada, que no refleja con precisión los patrones actuales de gasto de los hogares. Este desfasaje metodológico implica que las mediciones oficiales subestiman la verdadera magnitud del incremento generalizado de los precios, lo cual repercute directamente en la estimación de la pobreza.
Según un informe de la consultora CP, si la medición oficial se ajustara a parámetros más realistas la pobreza habría trepado al 42% en el primer semestre del año pasado, es decir, once puntos porcentuales por encima de la cifra difundida oficialmente. En la misma línea, el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina ha señalado no solo una subestimación del costo de vida, sino también una sobreestimación de los ingresos.
Las críticas de los especialistas se concentran, en gran medida, en la forma en que se relevan los ingresos en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Allí se observan discrepancias difíciles de justificar frente a otros indicadores también oficiales. Por ejemplo, mientras la EPH sugiere un aumento real del 20% en los ingresos del sector privado, el índice de salarios registra una caída del 3,4%. En el sector público, la divergencia es aún más pronunciada: una baja del 1,8% según la encuesta frente a un desplome del 21,2% de acuerdo con las estadísticas salariales. Igual fenómeno se verifica en el caso de las jubilaciones, cuyos ingresos reales han sufrido un deterioro significativo.
Si la pobreza efectivamente estuviera en retroceso, difícilmente se explicarían caídas tan marcadas en el consumo: las ventas en supermercados han disminuido un 11,3% desde la asunción del actual gobierno, mientras que en los comercios mayoristas la contracción alcanza el 18,7%, según cifras oficiales. Del mismo modo, el aumento de la morosidad en el sistema crediticio resulta incompatible con una mejora sustantiva en las condiciones de vida de la población.
Las estadísticas públicas no pueden ser objeto de interpretaciones acomodaticias ni de eventuales sesgos que respondan a necesidades coyunturales de la narrativa gubernamental. Constituyen, por el contrario, la base indispensable para la formulación de diagnósticos rigurosos y, en consecuencia, para el diseño de políticas públicas eficaces.