En medio de las conversaciones salariales y en un contexto de crisis, afloraron los movimientos de empleados autoconvocados con pedidos más exigentes.
El contexto de crisis económica, que implica un círculo negativo de escases de recursos, caída del consumo, caída de la recaudación y por lo tanto menos recursos para las provincias y municipios, facilitó el resurgimiento de los movimientos de trabajadores autoconvocados que toman distancia de los sindicatos tradicionales y jaquean su representatividad, con planteos más exigentes a la hora de las recomposiciones salariales.
La tensión se vio en algunos sectores puntuales. Actualmente, el Gobierno mantiene conversaciones con los sindicatos docentes tratando de llegar a un acuerdo paritario, con un escenario que hace difícil imaginar un acercamiento en el corto plazo: el Gobierno ofrece un mínimo de $850.000, con un ajuste por inflación bimestral, lo que implicaría que el salario de marzo a cobrar en abril podría liquidarse con un 5,8% de incremento (2,9% del IPC de enero y febrero). Sin embargo, los sindicatos rechazaron la propuesta y algunos como UDA piden una suba del 40%. Esto, sin embargo, está todavía muy lejos de lo planteado por los docentes autoconvocados, que exigen un mínimo de $1.300.000. Para las autoridades del Ejecutivo, esto implicaría un incremento del 132%, que resulta "financiera y presupuestariamente inviable".
Otro punto fuerte de la desconexión entre sindicatos y autoconvocados se pudo ver en el conflicto de los municipales de Belén. El descontento ante la falta de respuesta a los pedidos de incremento salarial explotó el lunes, con el bloque al Palacio Municipal y luego cortes de ruta. El Gobierno facilitó la conciliación obligatoria y recién ahí entraron al juego ATE y UPCN, que aunque aclararon que ya habían hecho gestiones por paritarias, no habían sido parte de las manifestaciones. El resultado de la primera audiencia también fue ilustrativo: la Municipalidad se declaró imposibilitada para dar aumentos y los gremios se limitaron a decir que trasladarían la información a las bases.
En la última semana, el secretario general de ATE, Ricardo Arévalo, y la secretaria general de UPCN, Claudia Espeche, pidieron públicamente recomposiciones para los municipios del interior, luego de haber firmado el acuerdo para la Administración Pública Provincial. ATE, que tiene mayor representación en los municipios, había protagonizado un paro provincial el viernes 6, con cortes de ruta y movilizaciones exigiendo un aumento de 200.000 pesos.
En Salud también se vieron movimientos autoconvocados que cuestionaron la representatividad de sus referentes sindicales. El reclamo se vio especialmente encabezado por personal del Hospital San Juan Bautista, pero adhirieron desde varias reparticiones y habitualmente acompañan las manifestaciones de los autoconvocados docentes. Esto provocó el enojo del secretario general de ATSA y de la CGT, Leonardo Burgos, que días pasados rechazó el respaldo a estos sectores. "Las resoluciones son absolutamente decretadas por la autoridad sindical. Los delegados no pueden mucho menos acompañar ni estar en protestas con autoconvocados. Si las conversaciones nos llevan a tomar medidas, las notificaremos como corresponde", había dicho Burgos a principios de mes, cuando se le cuestionaba la falta de un acuerdo salarial. ATSA fue el primero de los sindicatos en acordar la pauta salarial 2026.
En declaraciones realizadas a Ancasti Streaming, Sergio Romero, referente de "Unión Obrera", reclamó la legitimidad de gremios como ATE y UPCN para sentarse a la mesa paritaria con el Ejecutivo y aseguró que la presencia de entidades como la que él conduce "son una molestia" para estos gremios. Al Gobierno, por su parte, no le queda otro remedio que reunirse con los sindicatos ya que son estos los que tienen persona jurídica y entidad legal.
Todo el conflicto permanece exacerbado por la notable caída de los recursos. Esta semana, el Gobierno de la Provincia le exigió a los intendentes que presenten un programa de ajuste de gastos para poder avanzar en un plan de auxilio financiero, en un contexto en el que la caída de la recaudación nacional se tradujo en una retracción de los recursos provinciales y municipales del orden del 7% por segundo mes consecutivo en febrero pasado.
En términos económicos, el Ejecutivo explicó que "los recursos de libre disponibilidad registraron una caída real del 8%, equivalente a unos $24.000 millones", es por eso que insisten en que la cláusula de actualización bimestral "representa un esfuerzo adicional para acompañar el poder adquisitivo de los salarios". Es lo que se pactó con ATSA, ATE, UPCN, y el Sindicato de Viales.
En este sentido, los gremios aseguraron que los intendentes están esperando "auxilios financieros del Gobierno" para dar aumentos salariales, situación que está sujeta a que cada comuna ajuste sus cuentas y presente un plan de reducción de costos.n
