Una de las tantas secuelas dolorosas que dejó la guerra de Malvinas, y sobre las que se habla poco y nada, es la de las torturas y vejámenes que militares argentinos perpetraron en contra de conscriptos argentinos, jóvenes de alrededor de 19 o 20 años que sufrieron parte de las atroces prácticas que la dictadura venía aplicando a miles de personas de la sociedad civil desde marzo de 1976.
Las versiones de aquellas aberraciones perpetradas durante el conflicto bélico se conocieron apenas empezaron a volver los sobrevivientes de Malvinas a sus hogares, pero no fue sino hasta 2007 que se radicaron las primeras denuncias con más de 200 testimonios y pruebas documentales concluyentes. Se comprobó la existencia de jóvenes estaqueados durante horas, desabrigados, a la intemperie y con temperaturas bajo cero, además de, por ejemplo, simulacros de fusilamientos, enterramientos, sumersión de la cabeza en agua helada, golpizas, pasaje de corriente eléctrica por el cuerpo y sometimiento a hambre extremo.
Fueron imputados por estas acciones inhumanas y atroces más de 100 militares mientras las causas seguían activas hasta que la Cámara Federal de Casación Penal consideró que las torturas a los jóvenes soldados no debían considerarse delitos de lesa humanidad y que, por esa razón, habían prescripto.
Ante la posibilidad de que se consagre la impunidad, el fiscal general Javier de Luca, el Centro de ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, la Comisión por la Memoria (CPM) bonaerense, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y el abogado Miguel Ángel Ávila en representación de excombatientes presentaron un recurso extraordinario, que fue esta vez aceptado por la Sala I de Casación. El expediente ya llegó a la Corte Suprema de Justicia para que resuelva si se tratan o no de crímenes de lesa humanidad, en consonancia con los tratados internacionales firmados por la Argentina.
La Corte ya intervino en el expediente hace más de una década, cuando convalidó la posición de Casación respecto de la prescripción de los delitos. Pero en el medio hubo una resolución clave que reactivó el expediente. En 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió en 2023 el pedido que se declare la responsabilidad del Estado argentino por no investigar ni juzgar las torturas que los militares habían perfeccionado en los campos de concentración de la dictadura y que terminaron aplicando a los conscriptos en Malvinas.
“Reconocemos el carácter unánime de la decisión, lo que robustece el mensaje: la justicia no puede clausurarse en causas donde está en jugo la dignidad humana”, destacó el CECIM ante la resolución.
Ahora, otra composición de la Corte deberá resolver si los tormentos a jóvenes soldados en Malvinas son delitos de lesa humanidad o no. Es decir, si finalmente habrá justicia para las demandas de las víctimas de estos apremios ilegales o se consagrará impunidad de los victimarios.
