El fiscal de instrucción Jonathan Felsztyna pidió que continúe detenido, por el homicidio calificado por su relación de pareja con la víctima, Lorena Salas (28), madre de tres niños.
César Javier Romero, único detenido por el asesinato de su pareja Lorena Salas (28), ocurrido en la localidad de Balde de la Punta, departamento Capayán, será trasladado hoy al Juzgado de Control de Garantías N°2, donde se definirá si continuará privado de la libertad en el marco de la causa que investiga el crimen.
Romero fue imputado por el fiscal Jonathan Felzstyna por el presunto delito de homicidio calificado por la relación de pareja, tras la indagatoria realizada días atrás, en la que negó los hechos con el asesoramiento legal del defensor Víctor García.
La Fiscalía avanza con la recolección de pruebas, entre ellas pericias balísticas y psiquiátricas, y no se descarta que puedan surgir nuevos agravantes.
En cuanto a la prueba de dermotest o guante de parafina para detectar rastros de pólvora, se informó que será realizada en la provincia de Salta.
La audiencia se llevará a cabo en el Juzgado a cargo de la jueza de Control Cecilia Mas Saadi, quien deberá resolver si amplía el tiempo de detención para que la Fiscalía profundice la investigación, mientras se realizan pericias decisivas y se remiten los informes correspondientes.
Según los estudios preliminares, la joven -madre de tres niños de 9, 6 y 2 años-, fue ejecutada la noche del jueves 19 de marzo con un disparo de arma larga, presuntamente una escopeta.
Tras la agresión, Lorena fue trasladada al Hospital San Juan Bautista, donde ingresó con una herida de arma de fuego y sin signos vitales.
La autopsia descartó una muerte accidental o un posible suicidio, debido a las características de la herida. Los médicos forenses concluyeron que la causa de muerte fue un shock hipovolémico por traumatismo torácico, provocado por herida de arma de fuego.
En relación con la imputación y la expectativa de pena, el artículo 80 del Código Penal Argentino establece el agravante por la relación de pareja que unía al imputado con la víctima, lo que configura un elemento que agrava la conducta.
La condena prevista es de prisión perpetua. No obstante, la norma contempla que, cuando medien circunstancias extraordinarias de atenuación, el juez podrá aplicar una pena de entre 8 y 25 años de prisión, aunque esta reducción no es aplicable a quien haya ejercido previamente violencia contra la mujer víctima.
La Fiscalía encuadró la investigación dentro del Protocolo para la investigación y litigio de casos de muertes violentas de mujeres, elaborado en 2018 por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
Este protocolo establece que toda muerte violenta de una mujer debe ser investigada como un posible crimen de género hasta que la pesquisa demuestre lo contrario.
Por otra parte, durante la jornada de hoy el fiscal Felzstyna deberá resolver la solicitud de constitución como querellante presentada por la familia de la víctima, con el patrocinio legal de la abogada Marcela González.
Durante 2025, en Catamarca se registraron cinco muertes violentas de mujeres de las cuales dos son investigadas como “femicidios”.
Entre 2017 y 2024, según la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Registro Nacional de Femicidios contabilizó 20 femicidios en Catamarca, con un pico de 7 casos en 2019. En el mismo período, las provincias vecinas registraron cifras más altas: Tucumán acumuló 94 casos, Salta 92, Santiago del Estero 57, Jujuy 44 y La Rioja 18. El conjunto de las seis provincias del NOA sumó 325 femicidios en ocho años, de los cuales Catamarca representa el 6,15%.
Los datos muestran además un patrón regional preocupante: cinco de las seis provincias registraron su año más letal durante el período de aislamiento y distanciamiento social obligatorio por la pandemia de Covid-19.n
