Un empresario gastronómico de Salta fue imputado formalmente por trata de personas con fines de explotación laboral luego de que una inspección en su finca revelara que siete trabajadores vivían con piso de tierra, camas hechas con palets y baños de letrinas.
La Unidad Fiscal Salta, representada por el fiscal general Eduardo Villalba y la fiscal subrogante Paula Gallo, formalizó la investigación penal ante el juez federal de Garantías N°2 de la provincia, Diego Anzorreguy, quien aceptó este miércoles la imputación por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral agravada.
El agravante responde al número de afectados, la situación de vulnerabilidad de las víctimas y la consumación del hecho. Junto a Villalba y Gallo, el equipo del Ministerio Público Fiscal (MPF) incluyó a la auxiliar fiscal Vanina Pedrano y al abogado José Manuel Lavilla.
El caso tiene su punto de partida en una denuncia anónima recibida a través del servicio telefónico gratuito 145, la línea habilitada por el Ministerio Nacional de Seguridad para alertar sobre situaciones de trata de personas. La llamada apuntó a una posible situación de precariedad laboral en una finca ubicada en Cerrillos, dedicada a la producción porcina y también al cultivo y cosecha de tabaco y aceitunas.
Con la intervención de la Procuraduría de Trata de Personas (PROTEX), personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) concretó una inspección al establecimiento, donde se detectaron condiciones insalubres e irregularidades graves en la percepción de ingresos por parte de los empleados. A partir de esos hallazgos, la Unidad Fiscal Salta avanzó con las actuaciones preliminares que había iniciado en marzo de este año, lo que permitió acumular mayores pruebas de la presunta actividad ilegal. En paralelo, se notificó al imputado sobre las tareas que llevaba adelante el MPF.
Durante la audiencia de formalización, los fiscales exhibieron fotografías de la finca y detallaron la situación de los 20 trabajadores que se encontraban en el lugar, aunque la imputación recae específicamente sobre siete de ellos. Las imágenes mostraron habitaciones con piso de tierra, camas armadas con palets y baños de letrinas. Para asearse, los trabajadores debían calentar agua en tachos.