Al margen de la gravedad institucional que representa que, por enésima vez desde que Javier Milei es presidente de la Nación, el Poder Ejecutivo Nacional modificara una ley nacional por decreto, los cambios introducidos por esta vía en la Ley Nacional de Turismo han generado un cúmulo de críticas a las que hay que prestarle debida atención, sobre todo en destinos emergentes como Catamarca.
En los considerandos de la medida se sostiene que la reforma tiene por objetivo “generar las condiciones para el desarrollo de las iniciativas e inversiones del sector privado sin interferencias que alteren las reglas de juego de los actores”. Las “interferencias” a las que se refiere el decreto son, según es fácil inferir si se analizan las medidas concretas, las intervenciones del Estado en el fomento del sector, elemento clave para aquellos destinos que necesitan el impulso público, por ejemplo en obras de infraestructuras o en beneficios impositivos para el desarrollo turístico. Se profundizarían de este modo las disparidades en el desarrollo turístico entre plazas consolidadas y las en vías de desarrollo.
Por ejemplo, el decreto suprime las responsabilidades vinculadas al desembolso de recursos para el incentivo del turismo y el Plan de Turismo Social. Es decir, que la reforma no solamente quita recursos para el fomento del turismo en aquellos lugares que tienen las condiciones para la actividad pero también impedimentos de diversos tipos para desplegarlos, sino que además le asesta un golpe de muerte a la aspiración de las personas que, sin la capacidad económica para afrontar los gastos de las vacaciones, podían hacerlo hasta ahora por la subvención estatal.
Los cambios introducidos a la ley también contemplan la eliminación del Programa Nacional de Inversiones Turísticas, destinado a financiar proyecto e inversiones de interés turístico nacional. El financiamiento correrá por cuenta básicamente del sector privado, que obviamente priorizará los destinos turísticos ya consolidados por sobre los destinos turísticos emergentes, como los de nuestra provincia. Hay también una transferencia de responsabilidades a provincias y municipios, pero los recursos disponibles en estos niveles de gobierno son insuficientes, sobre todo por el accionar de la motosierra libertaria.
Otra modificación que ha generado muchas críticas es la flexibilización en la contratación de guías turísticos en los 39 Parques Nacionales que tiene la Argentina, eliminando la obligatoriedad de la prestación de guías en recorridos convencionales, lo que implica, además de la pérdida de muchas fuentes laborales, exponer al peligro el patrimonio natural en los recorridos sin control.
Correr del fomento del turismo al Estado nacional, que es el que concentra la mayor cantidad de recursos, puede ser, en este contexto, un golpe de gracia para muchas plazas turísticas que se sustentan en la interacción virtuosa entre el sector público y el privado.
