Las falencias de los controles por la reducción de personal y de presupuesto le impidieron a la Anmat detectar a tiempo el fentanilo contaminado.
Arduo trabajo tendrá la Justicia en determinar responsabilidades en lo que ya se ha constituido en una tragedia sin precedentes en la materia en la historia argentina. Las muertes confirmadas por el fentanilo contaminado se acercan a las 100 y la cifra podría escalar porque las personas que recibieron la droga adulterada fueron muchas más.
La responsabilidad directa recae, en principio, en el laboratorio. Hay 24 imputados, entre los que se incluyen dueños, directivos y profesionales de los laboratorios involucrados. Uno de los empresarios señalados es Ariel Furfaro, a quien desde el gobierno de Javier Milei señalan como un empresario que hizo muchos negocios durante el gobierno de Alberto Fernández. Sin embargo, también durante la actual gestión libertaria el laboratorio de Furfaro tuvo negocios millonarios, incluso poco antes de que se conociera el caso del fentanilo contaminado.
Pero hay sin dudas también responsabilidades indirectas resultantes de la ausencia o mala calidad de los controles respecto de la producción, distribución y aplicación del fentanilo contaminado.
Respecto de los controles, la investigación en curso entiende que fueron ineficientes por varias razones, pero particularmente porque gravitaron las medidas desregulatorias impulsadas por el ministro Federico Sturzenegger. Este tipo de políticas son exhibidas como necesarias para desburocratizar el funcionamiento del Estado, pero muchas veces inciden negativamente porque terminan configurando controles excesivamente laxos en todas las materias. Y cuando se trata de temas de salud pública, ese déficit pasa a ser muy grave.
La periodista Camila Dolabjian, de La Nación, reveló que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), que sufrió recorte de personal y de presupuesto en la actual gestión de gobierno, había alertado a fines del año pasado sobre “deficiencias críticas” en Laboratorios Ramallo. Pero, por el levantamiento de ciertos controles imprescindibles, la orden de frenar la producción llegó recién en febrero.
Por otra parte, en la causa judicial que se investiga en La Plata, el intendente de Rosario Pablo Javkin presentó documentación que señala que en los hospitales municipales de esa ciudad se detectaron las partidas tóxicas ese mes de febrero, pero la Anmat demoró otros tres meses más en lanzar la primera alerta sobre los lotes contaminados, pese a que sabía de las deficiencias de elaboración desde diciembre del año anterior.
Es decir, si la Anmat hubiese actuado eficientemente de acuerdo con su competencia, hubiese frenado la producción de drogas en el laboratorio mencionado en diciembre, cuando detectó las “deficiencias críticas”. Recién frenó la producción dos meses después, pero tampoco en ese instante advirtió sobre la circulación de partidas de fentanilo contaminado, sino en mayo. Ambas falencias, producidas en un organismo desfinanciado y con poco personal, también podrían haber sido fundamentales para desencadenar la tragedia.
La clave parece ser la siguiente: las falencias de los controles por la reducción de personal y de presupuesto le impidió a la Anmat detectar el fentanilo contaminado: fueron infectólogos del Hospital Italiano de La Plata los que lo hicieron al identificar la bacteria de algunas infecciones intrahospitalarias.
La Justicia, en consecuencia, deberá investigar también esta derivación del grave caso. Es decir, no solo a los responsables directos sino también a los indirectos.
