En el marco de la causa iniciada por el diputado provincial y presidente de la UCR Alfredo Marchioli, respecto de la obra de un acueducto y la demora de la administración en responder la existencia de los estudios que justifiquen el proyecto, como la factibilidad técnica, económica, ambiental y legal, la Justicia falló a favor del legislador.
Concretamente, Marchioli se refiere a la obra de un acueducto proveniente del dique Las Pirquitas específicamente en el ramal ubicado desde el barrio 140 viviendas Valle viejo, hasta inmediaciones del predio del Club San Lorenzo de Alem, en el margen este del río del Valle.
El diputado radical aseguró que a través de sentencia emitida por la Corte de Justicia, se confirma "la inacción de la administración" y establece una responsabilidad clara por la mora en la tramitación del caso.
La causa se originó debido a las solicitudes de información presentadas por Marchioli, la diputada Alicia Paz y la concejala Gilda Godoy, contra la Unidad Ejecutora de Políticas de Agua y Saneamiento (UEPAS), dependiente del Ministerio de Energía, Agua y Ambiente y contra la empresa Aguas de Catamarca SAPEM en relación con "un acueducto fantasma y vinculado a engordar terrenos del Gobernador y su familia".
Ante las demoras en la respuesta por parte de las autoridades competentes, Marchioli llevó adelante un proceso judicial que constó de un amparo por mora contra la Unidad Ejecutora. El legislador había pedido informes al organismo a principios del mes de febrero de este año.
En su fallo, la Corte enfatiza en la “ambigüedad” de la Unidad Ejecutora de Políticas de Agua y Saneamiento (UEPAS) y su falta de claridad y condena la mora injustificada de la administración. En este marco, obliga al organismo a responderle al diputado en el plazo de 10 días, además de condenarlos con las costas del juicio.
Sin embargo, el máximo tribunal no hace lugar al planteo contra la empresa prestadora del servicio de agua potable, al sostener que sí respondió el pedido del diputado ante el requerimiento judicial.
En este marco, el diputado resalta que "este pronunciamiento destaca la obligación de las autoridades públicas de responder en tiempo y forma a las solicitudes de los ciudadanos, garantizando así el derecho de acceso a la información y a la transparencia en los procesos gubernamentales".
Marchioli expresó su satisfacción con la decisión judicial, manifestando que "este fallo sienta un precedente para otros ciudadanos que puedan encontrarse en situaciones similares".
“Este es un fallo a favor del sistema republicano y reivindica el rol que tiene la oposición en el contralor de la administración de los recursos públicos" declaró el diputado.
