viernes 20 de enero de 2023

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Cara y Cruz

Estafadores y estafados

La primera consecuencia política de la suspensión de 155 mil planes "Potenciar Trabajo", alrededor...

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La primera consecuencia política de la suspensión de 155 mil planes “Potenciar Trabajo”, alrededor del 20% del total, fue una fractura en el ecosistema de las organizaciones sociales, con las oficialistas agrupadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Social (UTEP), por un lado, y Unidad Piquetera, al frente.

La UTEP, que orienta el secretario de Economía Social y líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, respaldó la disposición del Ministerio de Desarrollo Social junto con Juan Grabois.

Un enfilamiento lógico y con proyección política: los movimientos oficialistas estuvieron en primera fila en el proceso de revalidación de datos que debieron realizar los beneficiarios y ocuparán el mismo lugar clave en una segunda pasada, en la que los dados de baja, que cobrarán la mitad en febrero, tendrán la posibilidad de reclamar. Esto implica una ventaja enorme para capturarle beneficiarios a las organizaciones de la Unidad Piquetera, que no integran el funcionariato.

“Todas las organizaciones de la UTEP hicieron la validación de datos y nunca estuvieron en desacuerdo con las medidas de transparencia, ni con las auditorías. El enfrentamiento de fin de año era otra cosa”, consignaron, en alusión al conflicto por la demora en desembolsar los beneficios en diciembre y la tensión cuando la ministra Victoria Tolosa Paz pretendió endurecer los requisitos para acceder a los planes.

Pérsico cuestionó la “estigmatización”, pero remarcó que habrá dos instancias más de revalidación.

"Hay una política de estigmatización del sector constante. No hay la misma vocación de control para controlar a las empresas de litio, que a los sectores populares. Es histórica la estigmatización. Ahora se abre un período en el cual si los compañeros pueden hacer el trámite para que se los vuelva a dar de alta, por eso se les avisa con un descuento del 50%. Después, si no lo hace, el compañero tiene la posibilidad de presentarse en las unidades productivas para hacerlo personalmente, con lo cual tiene dos instancias más para hacerlo”, indicó.

La armonía se alteró por unas declaraciones que el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, disparó en un acto d al lado del presidente Alberto Fernández, en las que caracterizó a los beneficiarios de planes como “parásitos”.

El epíteto provocó la respuesta de Grabois. “Quizás lo que a algunos les molesta es que con la organización comunitaria y la economía popular no consiguen tantos soldaditos para regentear pasillos ni choferes para repartir falopa”, tuiteó. “Si quieren que sea más cuidadoso con lo que digo a los gobernantes, sean más cuidadosos cuando estigmatizan a los humildes”, añadió.

Chisporroteos internos en el peronismo. Ishii, brutalmente, expresa a los intendentes del Conurbano que quieren suplantar a las organizaciones sociales en el circuito del reparto.

En la vereda contraria, la Unidad Piquetera anticipa la resistencia.

Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero (PO) y referente de los piqueteros duros, anunció una movilización para la semana que viene.

La voluminosa baja “confirma nuestras denuncias de ajuste sobre el gasto social y los más vulnerables”, consideró.

“Es un gobierno ajustador, surge de cuando Cristina Kirchner dijo en septiembre que había muchos planes sociales”, abundó.

Para Grabois, en cambio, la medida será útil para “definir quiénes son estafados por aquellos que retienen sus planes”, instó al Estado a ser “implacable en los casos donde hay personas que estaban inscriptas pero por algún motivo hayan irregularidades”.

He ahí una idea interesante. Si hubo estafados, habrá también estafadores ¿Desde cuándo? ¿A cuánto ascenderá el fraude?

Habrá que aguardar los resultados de la segunda reválida para ver cuántas suspensiones se transforman en bajas.

¿Se animará Tolosa Paz a ir sobre los estafadores que señala Grabois?

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Escribana. Córdoba Gandini.

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