Luego de esperar respuestas sobre el cobro del plus médico, el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) de la Capital intimó formalmente al Colegio Médico de y a la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) a que, en un plazo de 48 horas, cese el cobro a los afiliados de la obra social, el reclamo se formalizó mediante dos cartas documento.
En la carta documento, el sindicato exige a la institución que despliegue los mecanismos necesarios para que los profesionales que la integran dejen de cobrar el plus y el sobreplus médico a los afiliados de OSEP. El documento advierte que, de no cumplirse el requerimiento dentro del plazo fijado, el gremio avanzará con una denuncia penal por presuntas estafas reiteradas contra los afiliados, fraude en perjuicio de la administración pública y, ante la Justicia Federal, evasión impositiva.
En paralelo, el sindicato remitió una segunda carta documento a las autoridades de OSEP, a las que reclamó mayor rigurosidad en el control de los prestadores médicos vinculados tanto al Colegio Médico como al Círculo Médico.
El gremio consideró que la falta de respuesta de la obra social frente a los reclamos de los afiliados no puede seguir siendo tratada como una cuestión meramente administrativa.
Según se indica en el documento, si la conducción de OSEP no adopta medidas, el sindicato presentará una denuncia penal por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El escrito agrega que la obra social también podría ser denunciada como partícipe necesario de las maniobras de estafa, fraude y evasión impositiva que, según el gremio, afectan a los trabajadores municipales cada vez que asisten a una consulta médica.
Para el sindicato, el cobro de aranceles adicionales por fuera de las órdenes de consulta constituye una carga económica para los trabajadores, en momentos en que, según remarcó el gremio, existe desde hace tiempo una normativa que prohíbe esa práctica, conocida como "ley antiplus".
En una entrevista para El Ancasti, Eugenia Varela, secretaria general cuestionó la falta de aplicación efectiva de esa norma. "Si nosotros tenemos una ley que no se cumple, ¿cuál es la seguridad que da el gobierno de que suceda el tema de la eliminación si todavía no se ha garantizado lo otro que está establecido por ley?", planteó la secretaria general del sindicato.
Las cartas documento fueron enviadas desde la sede gremial, y llevan además la certificación postal de Correo Argentino.
El sindicato dejó constancia formal de que ambas instituciones quedaron debidamente notificadas del reclamo y del plazo establecido para dar respuesta.