lunes 8 de agosto de 2022

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Opinión

En 10 años, el sector público superó al privado en creación de empleo

Opinión. Damián Di pace PERIODISTA, INVESTIGADOR Y ANALISTA ECONÓMICO. PUBLICADO AYER EN INFOBAE.

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28 de junio de 2022 - 01:00

Solo hace unos meses Alberto Fernández se propuso públicamente que los salarios no solo se recompongan de la actual inflación de su mandato, sino que se recuperen respecto de los cuatro años de gestión del gobierno anterior. Nuestros gobernantes cada vez aseguran con mayor asiduidad que mediante su gestión harán que los salarios no pierdan frente a la inflación. Lo hacen como si la evolución de los salarios fuera una cuestión ajena a una macroeconomía con alta inflación, elevada presión tributaria, cepo al dólar, brecha cambiaria, alto nivel de deuda, déficit fiscal, incremento del gasto público, entre otros. Por su parte, dos tercios de los salarios de la economía los define el sector privado y solo un tercio el sector público con mayor presión tributaria sobre el sector privado o emisión monetaria y déficit y mayor inflación sobre todos.

Sin embargo, hay cada vez más argentinos que reciben menos ingresos constantes como los monotributistas, autónomos e informales; por lo cual cada vez hay menos asalariados en los últimos 10 años en nuestro país. Dentro de la estructura del mercado laboral con respecto a la cantidad de habitantes, tomaremos en cuenta datos del censo del 2010 el cual mostró que había 40.117.096 millones de habitantes y el último censo de este año, que arrojó datos preliminares de 47.327.407 millones de habitantes. Nos servirá para comprender la relación entre asalariados públicos y privados.

Para el año 2012 la proporción trabajadores en el sector privado fue del 15,24% y público fue el 6,71% de nuestra población. Si actualizamos con los últimos datos del Ministerio de trabajo en relación con el último censo, se observa que los asalariados en el ámbito privado se encuentran en un valor de 12,9%, mientras que en el sector público existe un 7%. Es decir que a través del tiempo el sector privado se encuentra decreciendo en -0,38% con respecto a valores de hace una década, mientras que el sector público no solo se encuentra sostenido en el tiempo sino que aumentó en un 22,96% con respecto al 2012.

Con respecto a esta situación, la dirección del Observatorio de la UCA informó que la caída de las fuentes laborales tiene su contrapartida directa con la falta de estabilidad laboral, la caída del nivel salarial en términos reales, el menor nivel de inversión actual, la situación inflacionaria que se encuentra condicionando los costos laborales y por último, la presión impositiva que genera menos incentivos para aumentar el empleo, ya sea en empresas grandes o pymes.

Para contener la situación del mercado laboral, el Gobierno nacional implementa una partida del presupuesto denominada Gasto en Servicios sociales, que al inicio del 2012 fue de $340.729 millones en valores nominales ($419.117 millones ajustado por inflación). Si observamos el mismo dato actualizado a 2022, vemos que el Estado contempla $6.993.190. Si ajustamos la cifra a valores reales, éste debería ser $9.077.376. Es decir, no solo no se asignó la cantidad de pesos correcta de acuerdo con el ajuste inflacionario del período, sino que en relación con el último censo 2022, vemos que además se otorgó menos ayuda en servicios sociales en términos reales pero a más personas. Es decir, se compensó más cantidad con menos asistencia en términos reales.

La relación entre salarios e ingresos se deteriora cada día que pasa. Hay una brecha entre estas dos variables debido a las consecuencias inflacionarias. Convivimos en un país con perspectivas de inflación de más del 70% anual. El mercado laboral y más precisamente los asalariados y en mayor medida los trabajadores que tienen ingresos no constantes son los que terminan pagando los mayores costos de la escalada inflacionaria.

El Gobierno insiste en el uso de herramientas que corren en el muy corto plazo por detrás de la inflación. No pone en práctica la única herramienta que funcionaria: un programa económico consistente, confiable y que se ajuste a un presupuesto que permita reducir el déficit fiscal para hacerle frente a las inconsistencias macroeconómicas. Al no estar recorriendo el camino correcto, es previsible que en los próximos meses el salario real se encuentre con niveles negativos y los trabajadores se encuentren con niveles de ingresos cada vez menos constantes por el desfasaje que genera la inflación.

En Argentina hablar de salarios ya no es representativo de lo que le sucede a la mayoría de los argentinos que han crecido en su composición con ingresos no constantes en el universo monotributista, autónomos e informales. Universo al cual el Estado hace pasar por “alivio fiscal” el ajuste de escalas y topes en el régimen simplificado y de responsable inscripto que encumbre la real “condena tributaria” que hay detrás al no estar actualizados en términos reales frente a la inflación.

Por su parte, para los informales, el Estado los va dejando cada vez más fuera del mercado con un sector privado que no está dispuesto a incrementar su inversión y empleo debido a los costos y riesgos que implica en el actual contexto económico, tributario y jurídico local.

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