En la presentación se acusó al "trader god" y a su séquito de los delitos de intermediación financiera sin autorización, lavado de activos, defraudación y asociación ilícita.
La Fiscalía Federal de Catamarca, a cargo de Rafael Vehils Ruiz y María Delicia Correa, solicitó la elevación a juicio de la causa de la criptoestafas perpetradas por Edgar Adhemar Bacchiani y su séquito de cómplices. En este sentido, los imputados en la causa son acusados, con diferentes grados de participación y de diferentes delitos entre los que están: intermediación financiera sin autorización agravada; lavado de activos; defraudación (a través de un esquema Ponzi) y asociación ilícita.
En la presentación, los funcionarios judiciales consideraron que se trata de "una de las causas más importantes de la historia judicial de la provincia de Catamarca" y destacaron que la investigación se ha extendido por más de tres años, lo que “ha generado un voluminoso expediente de más de 200 cuerpos” donde están involucrados “una veintena de imputados y más de un centenar de denunciantes”.
El pedido de elevación a juicio por parte de Vehils Ruiz y Correa difiere de la elevación a juicio que realizó el juez Miguel Ángel Contreras el 7 de febrero de este año. En esa oportunidad, el Juez completó la instrucción en relación con los imputados Edgar Bacchiani, José Blas, Alexis Sarroca, Celeste Zaraive Garcés Rusa, Sofía Piña, Lucas Retamozo e Iván Segovia. En esta oportunidad, los representantes del Ministerio Público presentan la requisitoria de elevación a juicio, sumando a Sofía Esther Aylan, Aldana Donato, Pablo Olmi, Franco Brey y Ernesto Washington Erdbercher Denett (Ver página 3).
La presentación relata todo el proceso investigativo desde que se inició en septiembre de 2020, cuando la Fiscalía Federal tomó conocimiento de que una persona, que se presentaba como "trader god" en redes sociales, y “se jactaba de ser el pionero en negocios de inversión con criptomonedas, instando a aportar dinero a un fondo de esquema piramidal, fraude conocido como “esquema Ponzi”. Resalta que la actividad se mantuvo hasta los primeros meses de 2022, momento en que cesaron los pagos de las rentas prometidas.
La investigación determinó que Bacchiani, primero a título personal desde 2017 y luego a través de ADHEMAR CAPITAL S.R.L., ofrecía "planes de inversión, garantizando a sus clientes una determinada retribución" con "una renta mensual del 10% al 20% según el plan". La promesa era obtener rendimientos del mercado de criptomonedas y divisas (FOREX). En este sentido, los fiscales advierten una “contradicción en la oferta” ya que a pesar de prometer rentabilidades fijas y garantizarlas con pagarés, los contratos también indicaban que "las inversiones que realiza en su nombre son de alta rentabilidad y que acceder a las mismas implica la indisposición del capital por los plazos pactados" y que se trataba de una "inversión de alta rentabilidad/riesgo y que acceder a la misma implica la indisposición del capital por los plazos pactados en el contrato". En este sentido, advierten que el propio Bacchiani declaró que “se podía perder absolutamente todo”.
Más adelante, los fiscales resaltaron que la Comisión Nacional de Valores (CNV) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) informaron que ni Bacchiani, ni Adhemar Capital estaban inscriptos para realizar ofrecimiento público de negociación u otra actividad de intermediación en el mercado de capitales. La Gerencia de Fiscalización de Actividades no Autorizadas (GFANA) del BCRA concluyó que Adhemar Capital funcionaba mayoritariamente con fondos de terceros y que los rendimientos reales de la inversión en criptomonedas eran significativamente inferiores (6.13% mensual promedio) a las tasas pactadas con los clientes (12-18% mensual). En ese sentido, determinó que "no todo el dinero recibido de las inversiones eran usadas para comprar más criptoactivos. Parte del dinero era usado también para pagar las rentas a los inversores".
Además, se constató que el sistema "se retroalimentaba con dinero que ingresaba a través del aporte de los nuevos inversores. Configurándose así un esquema piramidal".
En otro tramo, la presentación señala que los imputados obtuvieron "dineros de origen dudoso para ingresarlo al mercado financiero formal y/o informal". En este sentido, los representantes del Ministerio Público remarcan que el dinero ilícito se exteriorizó a través de la "adquisición de diversos bienes y la conformación y/o participación en distintas sociedades, otorgándole a dichas operaciones la apariencia de legalidad lo que luego se exteriorizó a través de la adquisición de diversos bienes y la conformación y/o participación en distintas sociedades, otorgándoles a dichas operaciones la apariencia de legalidad".
