El intempestivo cierre de la investigación de la causa federal contra Edgar Bacchiani y sus cómplices es una maniobra más emparentada con la plomería que con lo judicial: antes que procurar el esclarecimiento de los delitos que se le endilgan a la pandilla de “Adhemar Capital”, parece dirigido a prevenir filtraciones inconvenientes del juicio oral y público que comenzó a desarrollarse en Córdoba, donde el “Trader God” es el único acusado por 50 estafas.
Se trata de otra estribación de la disputa entre la Justicia cordobesa y el Juzgado Federal de Catamarca.
Es sintomático que el juez federal Miguel Ángel Contreras haya dispuesto terminar la instrucción el mismo día que se abrieron las audiencias en la Sala Criminal N° 10 de Córdoba. La movida es similar a la que instrumentó el 22 de abril de 2022, cuando habilitó la detención de Bacchiani al mismo tiempo que la fiscal de Delitos Complejos de Córdoba, Valeria Rissi, quien consiguió quedarse con el material incautado en los allanamientos pero no con el preso. En este caso solo faltaría que los abogados Alfredo Aydar y Lucas Retamozo interpongan escritos mellizos, idénticos hasta en las tachaduras, pero es improbable: Retamozo pasó de defensor de Bacchiani a imputado y coprotagoniza con Aydar el rol de acusado en una causa por prevaricato.
Contreras reaccionó frente a las primeras noticias que comenzaron a llegar de Córdoba. Ni siquiera fue necesario que Bacchiani haga su descargo. Fueron las querellas y los defensores del financista quienes lo pusieron en alerta, en la previa de la primera audiencia.
Los representantes de los acreedores pedirán que la investigación se extienda a todos los involucrados en las operaciones fraudulentas, en busca de configurar la asociación ilícita.
Enfocan además una singularidad del proceso catamarqueño, que saltó en el escandaloso expediente provincial por al asalto de Parque América.
Matías Rolón Reynoso, ex ejecutivo de RT Inversiones, continuaba operando billeteras virtuales a pesar de estar con prisión domiciliaria e inhibido para disponer de sus bienes. Solo entre agosto y diciembre del año pasado, movió alrededor de 40 millones de pesos en unas 400 transacciones de 14 cuentas. En esa causa están con domiciliaria e inhibidos Edgardo Bulacio padre, su esposa y el ex ejecutivo Ariel Vergara.
En la causa Bacchiani cumplen domiciliaria José Blas y Alexis Sarroca y están procesados, pero excarcelados, las dos ex parejas del “trader”, Zaraive Celeste Garcés Russa y Sofía Piña; su ex abogado, Retamozo, y su ex contador, Iván Segovia. Inhibidos todos, pero con regímenes de control tan flexibles que tal medida precautoria resulta inoperante.
La defensa de Bacchiani abrió la punta del lavado de activos. Señala que junto a su cliente deberían estar en el banquillo quienes depositaron en las pirámides dinero negro, que no pueden justificar, no solo por evasores sino también por cómplices. Imposible no remitirse a la advertencia que Bacchiani hizo en este sentido en marzo de 2022, cuando tuvo que escapar de su casa custodiado por la policía para no ser linchado por los acreedores enardecidos y posteó: “Vamos a ver si esos que gritan ladrón la pueden justificar”.
La estrategia defensiva es nítida, busca la nulidad del juicio cordobés.
Lavado de activos es delito federal, lo mismo que la intermediación financiera irregular y la operatoria cripto que la misma fiscal Rissi asentó al pedir la elevación a juicio.
La defensa de Bacchiani marcó además otra posibilidad de que el proceso resulte nulo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación aún no se expidió sobre el conflicto de competencia entre el Juzgado Federal y la Justicia de Córdoba.
El derrotero que seguirán los pormenores leguleyos es incierto, insumo de apuestas entre abogados.
Es un hecho, en cambio, que en el escenario cordobés comienzan a asomar las deficiencias del expediente federal y la contaminación de todo el sistema judicial de la provincia con las criptoestafas, que la foto del equipo de fútbol del Colegio de Abogados esponsoreado por la empresa de Bacchiani sintetiza inmejorablemente.
El “Trader God” le entregó en mano el trofeo del campeonato nacional ganado en San Juan en 2021 al capitán de ese glorioso elenco: el secretario del Juzgado Federal, Luis Baracat.
El fontanero Contreras reacciona en defensa propia: es su desempeño en causas conmocionantes el que está en la picota.
En 2022 intentó circunscribir las imputaciones del expediente Bacchiani a la intermediación financiera no autorizada y delegar la competencia por las estafas en la Justicia provincial.
La Cámara Federal de Tucumán rechazó tales pretensiones y le ordenó investigar el lavado de activos y la asociación ilícita.
Vale decir: la causa Bacchiani incluye esos delitos no gracias a Contreras, sino a pesar de él.
La Cámara tucumana se apegó al dictamen del entonces fiscal Gustavo Gómez.
“Los imputados –señaló Gómez- obtuvieron dineros de origen dudoso para ingresarlo al mercado financiero formal o informal, lo que luego se exteriorizó a través de la adquisición de diversos bienes y la conformación o participación en distintas sociedades, otorgándoles a dichas operaciones la apariencia de legales. Los que facilitaron los activos a los procesados, y que a la fecha en un porcentaje menor se presentaron en la causa y ostentan el rol de querellantes, en su gran mayoría no justificaron la licitud de los dineros aportados”.
La sentencia de la Cámara obedeció a la apelación al reducido auto de procesamiento de Contreras que interpuso el fiscal federal catamarqueño Rafael Vehils Ruiz, que esgrimió los mismos argumentos que después desplegó Gómez.
Es otra de las particularidades procedimentales del Juzgado Federal.
Contreras concentró la instrucción en constante tensión con el Ministerio Público Fiscal, en una dinámica anómala y caracterizada por los desencuentros, desgastante por las sistemáticas apelaciones de la Fiscalía a la Cámara de Tucumán para tratar de ordenar la pesquisa.
En tal contexto, Vehils Ruiz planteó ayer su rechazo a cerrar la investigación de la causa.
Señaló que hay todavía medidas probatorias pendientes, algunas clave y solicitadas por el propio Contreras que, apurado por las acechanzas mediterráneas, ahora parece desistir de ellas.
¿Por qué tanto apuro?
Contreras se preocupó por aclarar al final de la resolución que el Juzgado “continúa con las medidas tendientes al recupero de activos”.
Hace casi tres años que está en eso, con reos y excarcelados por falta de mérito dele mover sus cuentas.
