La secretaria de la Cámara de Turismo de Fiambalá, advirtió sobre la falta de material para prever accidentes.
El operativo de rescate que permitió asistir a 211 turistas varados en la zona del Balcón del Pissis, en Fiambalá, terminó con las personas fuera de peligro, pero dejó abierta una discusión sobre los controles existentes y las responsabilidades de los distintos actores involucrados.
María de los Ángeles Quinteros, secretaria de la Cámara de Turismo de Fiambalá, describió el clima de los primeros momentos: "En principio con mucha precaución y todo, con mucha incertidumbre también y muchos nervios al principio, porque desde el momento que la gente se comunicó veíamos que pasaban las horas para poder ir a accionar sobre la emergencia que se venía". Destacó que se logró "un trabajo rápido" gracias a la "inmediata acción y coordinación de distintos organismos". Remarcó especialmente el aporte de la empresa minera, "que es la que más trabajó" y la solidaridad de los guías locales, que colaboraron "por su propia voluntad".
Quinteros recordó que la Cámara de Turismo había planteado, tiempo atrás, la instalación de un control en el kilómetro cero para registrar guías y vehículos habilitados, tanto para el turismo como para la minería. "Se fue como desvirtuando, no se pudo sostener", señaló y atribuyó ese retroceso a los cuestionamientos que recibió la medida cuando el municipio la implementó. Volvió a pedir que se trabaje "con herramientas para poder fortalecer justamente esos controles" entre todos los actores responsables.
Sobre las versiones que indican que algunas camionetas continuaron el ascenso pese a las advertencias de otros vehículos que ya bajaban, aclaró que ese episodio correspondió al día anterior al del rescate masivo y que, el día de la emergencia, "todos trataron de bajar lo más antes posible" apenas empeoró el clima. Evitó opinar sobre el relato puntual de una influencer que difundió su experiencia, aunque remarcó que la Cámara procura que los prestadores brinden el servicio "con las mejores condiciones", incluidos el seguro del vehículo y los elementos de primeros auxilios.
La dirigente admitió además que la Cámara no cuenta con un sistema propio de alertas meteorológicas y que se apoya en los comunicados de Defensa Civil, como el de alerta naranja por viento emitido ese mismo día. Consideró que una nueva normativa nacional, que flexibilizó los requisitos para prestadores turísticos, "puede haber impactado" en el control sobre quienes circulan por la zona.
Quinteros mencionó que el intendente de Fiambalá se reunió con el gobernador para avanzar en la mejora de la infraestructura del kilómetro cero, algo que la Cámara recibió con expectativa. También remarcó que, pese a un pedido formal realizado en febrero, todavía no lograron una reunión con la ministra de Turismo provincial, más allá del contacto con la secretaria del área. Sostuvo que la difusión del episodio también podría traducirse en mayor afluencia turística, aunque advirtió que eso exigirá más organización.
Consultada sobre si el episodio pudo derivar en una tragedia, Quinteros respondió que sí era posible, aunque remarcó que no ocurrió gracias a la solidaridad de "toda la gente" que se sumó al operativo. Sobre la posibilidad de que la fiscalía investigue y se apliquen sanciones, dijo que el tema "es parte del debate" interno de la Cámara, para la cual el control "es fundamental".
Por su parte, el diputado Carlos Aibar Quintar (LLA) pidió más atención y prevención sobre el tema, asegurando que el caso de los mineros varados habia pasado desapercibido por la Fiesta del Poncho.
El fiscal de la Quinta Circunscripción Judicial, Jorge Barros Risatti, confirmó que la investigación no registra, hasta el momento, delitos investigables ni denuncias formales. Explicó que la fiscalía relevó que personas que se encontraban en la alta cordillera, eran prestadores turísticos.
Barros Risatti aclaró que la intervención penal solo alcanza a delitos como lesiones u homicidio culposo, en caso de un fallecimiento, o eventualmente estafa. Dijo que la fiscalía sigue abierta a recibir denuncias y analiza el testimonio de una joven que, en un video viralizado, relató un episodio similar ocurrido el día anterior al rescate masivo, cuando ya regía la alerta meteorológica.
El fiscal remarcó que la falla de fondo es la falta de un registro de quienes ingresan a la zona: recordó que, durante el operativo, las cifras de personas varadas variaron constantemente, de un centenar a 211 según las autoridades y 217 según fuentes de Fiambalá, lo que evidenció la falta de control en el kilómetro cero. Consideró que la solución no pasa por prohibir el acceso, amparado en la ley de Montaña Libre, sino por articular información entre los organismos responsables. También citó la ley provincial 5.391, que obliga a los guías de turismo a no exponer a los turistas a riesgos y prevé sanciones administrativas.