Desde su autoasignada superioridad moral, Javier Milei proclama que prefiere decirle a los argentinos una verdad incómoda antes que una mentira confortable. El principio le ha servido para justificar ajustes, recortes y decisiones impopulares bajo el manto de la honestidad brutal, pero se contradice con una conducta que se está volviendo sistemática: la de neutralizar, disciplinar o desfinanciar a los organismos técnicos que producen información diferente a la que él prefiere.
El último episodio es la intervención de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). La Comisión de Supervisión Parlamentaria, controlada por La Libertad Avanza y sus aliados, aprobó una resolución que somete el funcionamiento del organismo a un estricto control político. La medida más sensible establece que las áreas técnicas de la OPC no podrán elaborar informes sin autorización previa y formal de la comisión. En la práctica, los libertarios se reservan el derecho de decidir qué números circulan y cuáles no.
La decisión obedece a que la OPC produjo datos inconvenientes para el oficialismo. Por ejemplo, publicó estimaciones considerablemente más bajas que las esgrimidas por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para rechazar los proyectos opositores sobre jubilaciones y discapacidad.
Menem advertía que las iniciativas tendrían un costo de hasta 12.000 millones de dólares —equivalentes al 1,8% del PBI—, pero la OPC señaló que el aumento del 7,2% a jubilados impactaría en un 0,32% del PBI, la moratoria previsional, 0,165% del PBI acumulado en dos años; la emergencia en discapacidad, entre 0,28% y 0,51%.
La sistemática brecha entre las apreciaciones catastrofistas del oficialismo y los datos del organismo técnico era tan grande que la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal citó en marzo a la OPC para ordenarle al Ejecutivo cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.
La respuesta libertaria fue la intervención de la OPC, mediante una resolución de comisión que convierte el visto bueno político en condición necesaria para la producción técnica.
El concepto que mejor describe esta lógica viene del latín eclesiástico: nihil obstat, "nada impide". En la Iglesia Católica, era la declaración formal de un censor que habilitaba la publicación de un texto. En la Argentina de Milei, para que un dato estadístico sea considerado válido primero hay que obtener la aprobación del poder.
El presidente enemigo de la mentira cómoda construye un mecanismo para restringir la información incómoda. No es un caso aislado.
En febrero, Marco Lavagna dejó la conducción del INDEC luego de confirmar que el Gobierno no avanzaría con la actualización metodológica para medir la inflación en la que el organismo venía trabajando. Tras conocerse la intervención de la OPC, Lavagna salió a defender la autonomía de los organismos técnicos con una frase que suena a epitafio de su propia gestión: "La independencia en la producción y el análisis de información es una condición indispensable".
La construcción de verdades cómodas tiene un linaje reconocible. Guillermo Moreno, secretario de Comercio Interior de Cristina Kirchner, desplazó a la directora del Índice de Precios al Consumidor, introdujo funcionarios de su confianza y logró que los números de inflación bajaran en los registros oficiales mientras subían en los bolsillos. El organismo se mantuvo intervenido entre 2007 y 2015.
En la misma línea, a Lavagna lo echaron por pretender aplicar herramientas adecuadas para medir la inflación con mayor exactitud, a la OPC la intervienen.
La ortodoxia desautoriza la herejía, pero ya lo dijo Galileo: “eppur si muove”. La tierra gira alrededor del sol, por mucho que estrilen los inquisidores.
"Eppur si muove", dijo Galileo, torturado para abjurar del heliocentrismo. La Tierra gira alrededor del Sol, pese al disgusto de los inquisidores. "Eppur si muove", dijo Galileo, torturado para abjurar del heliocentrismo. La Tierra gira alrededor del Sol, pese al disgusto de los inquisidores.
