El Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados y Miembros del Ministerio Público resolvió no avanzar con el jury contra el fiscal de Instrucción nº5, Hugo Costilla, por la denuncia por su accionar en la investigación por el crimen del ex ministro de Desarrollo Social, Juan Carlos Rojas.
El tribunal tomó esta decisión en base a la postura del fiscal ante el jury, Augusto Barros, quien había considerado que no había elementos para seguir con el juicio a Costilla. Sin embargo, contra el funcionario judicial siguen en pie dos causas: la que inició el diputado Hugo Ávila (FAC) por avalar el acuerdo de partes que permitió el sobreseimiento de los acusados en el asalto en el barrio Parque América y la que se generó por la denuncia del empresario Cristian Guillou por la causa Wika. Faltan definir por parte del Tribunal la iniciada por Dolores Nicole Del Campo Bertazzo, quien denunció al fiscal por privación ilegítima de la libertad, y la que presentó el abogado Pedro Vélez, defensor de Mario Rodrigo Del Campo y Gastón Agulles.
La denuncia por el crimen de Rojas fue iniciada por sus hijos Natalia y Fernando Rojas por la "inacción y desinterés" de Costilla en avanzar con la causa.
En su resolución, el Tribunal advierte que “los hechos denunciados no justifican el sometimiento a juicio” del fiscal. En tanto, añade que el estudio de aquéllos “importaría ingresar al análisis de una investigación en curso durante la cual no se han planteado recursos, oposiciones o impugnaciones que hayan sido objeto de pronunciamientos demostrativos de inconductas o irregularidades procesales o legales por parte del fiscal denunciado”.
Añade que “los eventuales errores en la actividad jurisdiccional del fiscal, conforme los términos de la denuncia, son susceptibles de ser corregidos por la vía recursiva prevista legalmente a ese efecto”. En este marco, advierte que “este Tribunal carece de competencia para revisar las decisiones dictadas en un proceso judicial”.
Finalmente, afirma que no se encuentra acreditado –y ni siquiera planteado- que el denunciado “pudiera haber impedido en forma irregular o contraria a derecho el ejercicio de las vías procesales, recursivas o impugnativas que correspondan a los justiciables en forma tal que importe una incontrastable vulneración de la garantía constitucional y convencional de acceso a la justicia”.
Previamente, el fiscal Barros había advertido que no consta la existencia de pronunciamientos de instancias superiores que hagan suponer que las conductas de Costilla puedan quedar atrapadas por las causales de remoción enumeradas en la ley del jury y que "no están dadas las condiciones de admisibilidad sustancial para ordenar su apertura, en atención a que los hechos denunciados no encuadran en las causales de la ley de enjuiciamiento".
Costilla, por su parte, se había defendido considerando como "exiguo" el argumento de la denuncia para pedir su apartamiento y agregó que su trabajo en la causa Rojas fue monitoreado desde el primer momento por el Procurador General y el Fiscal General sin ningún reproche.
También afirmó que de avanzar el juicio en su contra "como medio de defensa deberá exponer públicamente la labor realizada en aquellos legajos", lo que, a su criterio, "producirá una contaminación innecesaria que solo beneficiará a Carlos Fernando Rojas, quien se encuentra investigado en el legajo principal, como también a aquellas personas que están enmarcadas en las diferentes líneas investigativas".
