El sugestivo silencio de los diputados en lo que se refiere al peculado de servicios y las exacciones ilegales en que habría incurrido su colega Javier Galán, reactivó curiosidades sobre el volumen de los gastos en la Legislatura y su razonabilidad.
Las prácticas que sus denunciantes atribuyen a Galán explicarían en gran medida por qué la Legislatura catamarqueña es el organismo estatal que mayor crecimiento viene experimentando desde hace lustros, en detrimento de otros enclaves estatales que deben afrontar demandas más urgentes de la sociedad que los financia.
Es una elefantiasis lógica. Si los legisladores utilizan el personal bajo sueldo de la Legislatura en emprendimientos privados y les exigen parte de sus salarios para mantenerlos en nómina, no habrá presupuesto que alcance jamás.
La impunidad de las malversaciones estimula la voracidad.
Las funciones legislativas son invariables, no están relacionadas con la evolución demográfica. El único factor que justifica el incremento exponencial del Presupuesto y el personal legislativo es que dinero y empleados se utilicen para otra cosa. Es decir: que se usen en empresas particulares, sean estas comerciales o políticas.
Tal parece ser el caso de Galán, sobre el que nadie en la Cámara de Diputados, empezando por la presidenta del cuerpo, Paola Fedeli, quiere expedirse con claridad.
Las denuncias contra el legislador son un escándalo que no tiene eco entre sus pares. ¿Por qué será? ¿Por qué nadie va a fondo contra Galán con la cantidad de evidencias sobre sus transgresiones que son de dominio público? ¿Qué es lo que puede revelar Galán, que les ha puesto un bozal a todos sus cófrades?
Es un silencio corporativo cuyo carácter vergonzante surge de las cifras.
Por empezar, es el órgano parlamentario más numeroso de todo el país y cuadriplicó su personal en 20 años sin ninguna razón confesable. De existir, sería bueno que alguien la explique, porque si fuera por la producción legislativa los números deberían haber bajado.
La Legislatura catamarqueña presupuestó para este año 3.054 empleados, de los cuales 2.095 corresponden a Diputados y 959 al Senado.
Son 54 agentes por cada uno de los 57 legisladores y un legislador cada 7.536 habitantes. Estas relaciones numéricas que no tienen correlato en ninguna otra provincia.
En Buenos Aires, con una población de 17,5 millones de habitantes, hay 138 legisladores y 1.850 empleados. Córdoba registra un legislador cada 54.300 habitantes.
Cada diputado provincial le cuesta a los catamarqueños $996 millones anuales, cada senador demanda $1.841 millones. ¿Qué porcentaje de eso va a pagar sueldos de corralones u otros emprendimientos particulares? ¿Cuánto sustraen los tribunos para financiar sus estructuras políticas o de puro angurrientos?
Si no lo hacen ¿por qué callan? Ninguno, oficialista u opositor, necesita que la Justicia se pronuncie en otros entuertos extralegislativos para disparar acusaciones a mansalva.
La Legislatura es el cuarto organismo con más empleados de la provincia, detrás de Educación (13.640), Seguridad (6.371) y Salud (5.579). Supera en un 36% al Poder Judicial, que cuenta con 2.241 trabajadores.
Salud, seguridad, educación y justicia, cuatro frentes en la perpetua cornisa de la escasez de recursos económicos y humanos para solventar funciones que, a diferencia de las parlamentarias, aceleran tanto en su tamaño como en su complejidad.
Mientras el sistema estatal hace agua, por ejemplo, para atender problemáticas como las adicciones y la salud mental, que están haciendo estragos, los legisladores engullen recursos públicos a cuatro carrillos para aumentar planteles de personal.
Un verdadero cáncer.