El acuerdo alcanzado con el FMI, que deberá seguir avanzando en cuestiones técnicas y en “la letra chica” y luego ser ratificado en el Congreso de la Nación, clausura el debate respecto de la legitimidad del acuerdo anterior, el celebrado con el gobierno de Cambiemos en 2018, que fue siempre cuestionado por algunos sectores y que incluso originó una denuncia penal impulsada por el presidente Alberto Fernández y que tiene al propio Mauricio Macri como imputado.
El presidente del Banco Nación, Claudio Lozano, criticó el entendimiento entre Argentina y el organismo multilateral por razones económicas pero también políticas. En este último sentido, señaló que “lamentablemente, la decisión tomada por el gobierno nacional (…) implica legitimar el crédito tomado por el macrismo pese al hecho objetivo de que el mismo ha violado todos los procedimientos, administrativos, jurídicos y constitucionales para endeudar al Estado”. Los mentores del acuerdo también señalaron siempre esa ilegitimidad de origen, pero, más pragmáticos, entendieron que es preferible resignar esa bandera en aras de lograr consensos que garanticen un mínimo de gobernabilidad en un contexto económico crítico, que ahora, se verá con el correr de los meses, puede empezar a despejarse.
Lo cierto es que el debate sobre las evidentes irregularidades cometidas en torno al acuerdo Macri-FMI, con responsabilidades compartidas, no tiene a partir de ahora implicancias prácticas. Y hasta es posible que la causa penal se diluya hasta extinguirse. Un costo que el gobierno de Fernández está dispuesto a asumir para ganar margen de maniobra.
Con el acuerdo se abre una nueva etapa en el gobierno del Frente de Todos. El entendimiento resuelve la coyuntura, pero ninguno de los problemas estructurales. Esos problemas tienen origen en profundas distorsiones que deben resolverse para superar asimetrías graves.
Una de esas distorsiones es consecuencia, desde una perspectiva territorial, de los asimétricos grados de desarrollo: la concentración de la riqueza, los recursos, la población y la infraestructura pública en la región pampeana en desmedro de las otras regiones es un ancla para el desarrollo integral. La potenciación de las economías regionales es, entonces, herramienta imprescindible para el crecimiento sustentable de la Argentina.
Otra grave distorsión se vincula con el sistema tributario vigente. Además de un desorden generalizado posee una estructura básicamente regresiva que favorece que la desigualdad en la distribución de los ingresos y de la riqueza se cristalice. Por eso es necesaria una reforma fiscal progresiva, que premie la producción, castigue la especulación y promueva una reducción de la inequidad social existente.
Potenciación de las economías regionales para reducir las asimetrías de desarrollo territorial y reforma integral del sistema tributario para disminuir las desigualdades sociales son estrategias imprescindibles de asumir para empezar a resolver los problemas estructurales básicos de la Argentina.n