En una serie de decretos enviados a la Legislatura provincial, el Poder Ejecutivo formalizó la disolución del Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRE) y estableció cambios en la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas (TC), enmarcados en un proceso de reestructuración del Estado.
En el decreto de disolución del ENRE se establece que sus funciones y competencias serán transferidas al Ministerio de Desarrollo Productivo, que asumirá la supervisión del cumplimiento de las obligaciones en los contratos de concesión de servicios públicos, además de ejercer control en materia de prestación, protección de derechos de usuarios y fiscalización ambiental.
En ese sentido, el documento expresa que será la figura del Defensor del Pueblo la encargada de “velar por el cumplimiento de los derechos de los usuarios de servicios públicos, cualquiera sea su forma de prestación, e instruir los procedimientos que correspondan según su ley de creación y sus modificatorias”.
En consecuencia se decidió la remoción del directorio del ex-Ente Regulador, el cual se encontraba conformado por el abogado Roberto Perrotta, quien ocupa el cargo de presidente; la CPN Rosa Mabel Sarquís, quien actúa como vocal; y el doctor Augusto César Acuña, también en calidad de vocal.
Sin embargo, se dispuso que el personal de planta permanente del organismo, exceptuando áreas técnicas y de tarifas, pasará a formar parte de la estructura del Ministerio y la Defensoría del Pueblo, el cual quedará comprendido en el régimen del personal del Poder Legislativo, garantizando a los empleados la conservación de sus derechos laborales y categorías.
El organismo sufrirá una serie de modificaciones en su Ley Orgánica.
Entre las más destacadas se encuentra la actualización de las remuneraciones del presidente y los vocales, quienes ahora percibirán sueldos equiparados a los de los ministros de la Corte de Justicia.
Además, se modificó el artículo 8 el Decreto Ley, por el cual los miembros del Tribunal de Cuentas adquieren inamovilidad a partir de su designación. “Dicha inamovilidad tiene vigencia mientras dure su buena conducta, pero podrán ser separados de sus cargos con causa, mediante el procesamiento establecido en los articulos 191°y 220° primera parte, del párrafo primero de la Constitución de la Provincia” expresa el decreto acuerdo.
Días atrás se conoció que el actual ministro de Desarrollo Productivo, Juan Cruz Miranda, ocupará un lugar en el directorio del organismo, tras conocerse la renuncia de Víctor Villarroel, para lo que se necesita la aprobación del Senado mediante la presentación del pliego correspondiente.
Por lo tanto, Leonardo Zeballos, actual funcionario del Ministerio de Desarrollo Productivo, asumirá el liderazgo en esa cartera.
