"El Obispado de Jujuy comunica que, anoticiado por el Juzgado de Violencia de Género que se ha presentado una denuncia en el ámbito de competencia de ese Juzgado hacia el sacerdote Atilio Luis Bruno y se ha procedido a su detención, hemos manifestado ante los funcionarios actuantes nuestra disposición a colaborar con la Justicia en todo lo que nos sea requerido".
"Además de expresar el rotundo rechazo que manifiesta en estos casos la Iglesia hacia todo tipo de violencia sexual, moral, psicológica o de conciencia hacia las personas que pastoralmente nos son encomendadas, expresamos nuestro compromiso de acompañamiento y cercanía hacia quienes se hayan sentido vulnerados y deseamos que la Justicia avance y actúe en el rápido esclarecimiento de los hechos que han sido denunciados".
Es el breve pero claro comunicado del Obispado jujeño en un intento de despegarse del escándalo generado por la detención del cura acusado de abuso sexual.
Atilio Luis Bruno se desempeñaba como párroco de Nuestra Señora de Nieva, en Jujuy, y fue detenido tras varias denuncias de abuso sexual en su contra.
El hecho ocurrió el 9 de marzo y, desde entonces, han surgido acusaciones que involucran a la Iglesia y su investidura religiosa.
El imputado, quien representó a la comunidad religiosa hasta su detención, enfrenta cinco cargos de abuso sexual.
Los delitos incluyen "abuso sexual simple agravado por su condición de miembro de un culto religioso" en un caso específico, y "abuso sexual con acceso carnal agravado por ser miembro de un culto religioso" en cuatro casos adicionales.
Según información obtenida de medios locales, Luis habría utilizado su posición de autoridad y confianza para ofrecer refugio y apoyo a una mujer chilena, a quien luego presuntamente atacó en cinco ocasiones, incrementando la gravedad de los hechos denunciados.
La situación llegó a manos de la Fiscalía Especializada en violencia de género, donde la agente fiscal María Emilia Curten Haquim tomó la iniciativa, solicitando una ampliación de la denuncia que llevó a la orden de detención inmediata del acusado y a un allanamiento para recolectar pruebas que respalden las acusaciones.
La causa quedó a cargo de la fiscalía del MPA, María Curten Haquim, quien dispuso que el cura sea alojado en una dependencia policial de la provincia en tanto dure la prisión preventiva.
