Andrea Morales Leanza, abogada popular especializada en conflicto territorial, cuestionó el reciente desalojo en el barrio Tabacalero en la localidad chacarera de Santa Rosa y aseguró que se trató de una “brutal manera de disciplinar a la sociedad”, al tiempo que denunció la criminalización de mujeres pobres y la vulneración del derecho a la vivienda.
La letrada, que representa a siete de las mujeres imputadas por el delito de usurpación, relató que las familias involucradas, en su mayoría mujeres solas con hijos, trabajadoras informales y sin vivienda habían ocupado en marzo un predio en el barrio, de manera pacífica y pública, luego de agotar gestiones ante el Ministerio de Vivienda, el Gobierno provincial y la Intendencia de Valle Viejo. “Eran familias que no tenían dónde vivir, iban de casa en casa o estaban de préstamo. Solo pedían un pedazo de lote que pudieran pagar”, explicó Morales Leanza.
Según la abogada, el terreno estaba en aparente abandono, sin alambrados ni carteles de propiedad y la ocupación contó con la colaboración de vecinos que asistieron a las familias con agua y luz. “No hubo violencia, ni despojo ni corte de alambrados. No había nadie en posesión anterior. Fue una ocupación pacífica, no un delito penal”, sostuvo.
Pese a ello, en mayo la Fiscalía a cargo de la fiscal Pinto imputó a varias mujeres por usurpación, lo que Morales Leanza considera un exceso punitivo. “El expediente no tiene elementos que configuren el delito. Es un conflicto de derechos que debió resolverse por la vía civil, no penal”, remarcó.
La abogada criticó duramente el procedimiento de desalojo concretado esta semana, al que definió como “un lanzamiento a la calle sin respuesta habitacional”. “Estas mujeres fueron expulsadas junto a sus hijos sin que se respetaran los protocolos que deben aplicarse en presencia de niños. Nadie garantizó su derecho a la vivienda digna”, apuntó.
Finalmente, Morales Leanza advirtió que el caso refleja una política sistemática de criminalización de la pobreza. “Esto no fue solo un desalojo, fue una forma de disciplinamiento social. Se busca estigmatizar a las mujeres pobres en lugar de dar soluciones. El Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a la tierra y a la vivienda y en Catamarca no lo está haciendo”, concluyó.
La investigación judicial por la usurpacion de los terrenos se había iniciado a fines de mayo, tras denuncias por ocupaciones en terrenos deshabitados cercanos al barrio Tabacalero.
Los relevamientos confirmaron que los lotes pertenecen al Estado provincial y a propietarios privados, y que no existían construcciones previas.
La fiscal de Instrucción N°7, Paola González Pinto, solicitó el desalojo al juez de Control de Garantías N°4, Marcelo Sago, en el marco de una causa por "usurpación por despojo mediante violencia, en calidad de coautores".
Es válido recordar que en un comunicado, el Partido Obrero y el FIT-U calificaron el desalojo como "represivo" y responsabilizaron al Estado provincial y nacional por la falta de políticas habitacionales serias. Asimismo, propusieron la creación de un banco de tierras ociosas y un plan de obras públicas para reactivar la construcción de viviendas.
