El proyecto de modificación de la Ley de Glaciares que el Gobierno nacional envió al Congreso y que comenzará a discutirse el año próximo vuelve a poner en el centro de la escena una problemática compleja, sensible y estratégica para la Argentina. El núcleo del debate está puesto en la revisión del concepto de “ambiente periglacial”, una categoría clave dentro de la ley vigente, sancionada en 2010. La norma actual considera a esos ambientes como no aptos para el desarrollo de emprendimientos mineros, bajo el argumento de que cumplen funciones esenciales en la regulación y reserva del recurso hídrico.
La propuesta oficial cuestiona esa definición y sostiene que en gran parte de los ambientes periglaciales no existen verdaderos recursos hídricos estratégicos, por lo que la prohibición generalizada carecería de sustento científico. Desde esa perspectiva, quienes impulsan la modificación sostienen que el concepto de ambiente periglacial utilizado por la ley es excesivamente amplio e impreciso. Según estos especialistas, esa indefinición ha generado un marco normativo que otorga una protección extensiva a territorios cuya función hídrica no está debidamente acreditada, convirtiéndolos -en sus palabras- en “terreno fértil para que abogados no especializados y organizaciones puedan bloquear cualquier proyecto productivo”, incluso aquellos que podrían desarrollarse con estándares ambientales exigentes. Del otro lado del debate, los opositores a la reforma advierten que el ambiente periglacial incluye glaciares de escombros y suelos congelados que sí aportan al caudal de ríos y arroyos, especialmente en contextos de cambio climático y estrés hídrico creciente.
Desde esa mirada, la protección de estas áreas resulta indispensable para resguardar reservas de agua dulce que cumplen un rol clave en los ecosistemas de montaña y en el abastecimiento aguas abajo. La ley vigente define al ambiente periglacial como el área con suelos congelados que actúan como reguladores del recurso hídrico, y en zonas de media y baja montaña, como aquellas con suelos saturados en hielo que también cumplen funciones de reserva de agua. Entre las voces que aportan matices al debate aparece la de Bernardo Parizek, biólogo de la Universidad Nacional de Córdoba, quien afirma compartir la preocupación por la preservación de las reservas de agua dulce, pero cuestiona la protección actual del ambiente periglacial por considerarla “con una fuerte carga ideológica”. Parizek señala que más del 60% del manejo ineficaz del agua en la cordillera se explica por la actividad agrícola, mientras que la minería -frecuentemente señalada como el principal problema- ha desarrollado sistemas de recirculación y elevados estándares de calidad ambiental.
El tema exige un abordaje serio, informado y despojado de prejuicios. La modificación o no de la Ley de Glaciares debería ser el resultado de un amplio debate público, con la participación de los expertos más reconocidos, capaces de determinar con el rigor y la precisión que otorga la ciencia si los cambios propuestos afectan -o no- las reservas hídricas de los ambientes periglaciales.
