Tragedia de la Alcaidía: una de las querellas había solicitado fecha de juicio
El querellante Guillermo Altamirano solicitó que se fije audiencia de debate pero no habría tenido respuesta.
Una de las madres de la Tragedia de la Alcaidía de Menores había instado formalmente la realización del juicio oral y público. De acuerdo con información a la que pudo acceder El Ancasti, el abogado Guillermo Altamirano, en representación de la mujer, presentó en agosto de 2024 un escrito ante el Juzgado Correccional de Primera Nominación solicitando que se fije fecha de debate. El pedido apuntaba a evitar la prescripción de la causa y advertía sobre las reiteradas suspensiones que había tenido el proceso.
Altamirano representa a una de las madres de los cuatro adolescentes que murieron el 9 de septiembre de 2011 mientras se encontraban privados de la libertad en la Alcaidía de Menores. Consultado por este diario, explicó que la querella impulsó oportunamente el juicio y alertó sobre el riesgo de que el paso del tiempo frustrara la posibilidad de un debate oral. También reconoció que el proceso judicial implicó para su representada “sufrimiento, revictimización y dolor”.
En abril de este año, como informó El Ancasti, las defensas de dos de los imputados plantearon la prescripción de la acción penal. El Juzgado Correccional rechazó ese planteo, pero meses después, tras un recurso de casación presentado por el abogado Luis Marcos Gandini, la Corte de Justicia de Catamarca resolvió el sobreseimiento de los cuatro policías imputados al declarar la insubsistencia de la acción por violación al plazo razonable. “Plazo razonable no es lo mismo que prescripción; es una creación jurisprudencial”, aclaró Altamirano.
El querellante cuestionó además la actuación estatal en el caso. “Acá hay chicos en situación de vulnerabilidad frente al Estado. Lo inexplicable es cómo se convalidó que permanecieran varios días privados de la libertad en esas condiciones”, señaló, en referencia al funcionamiento de la Alcaidía.
Por la tragedia también fueron investigadas las ex juezas de Menores Ilda Figueroa y Ana María Nieto, junto con el entonces ministro de Gobierno y Justicia, Javier Silva, en una causa paralela por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. A diferencia de lo ocurrido con los policías, estos funcionarios fueron sobreseidos con celeridad. Los cuatro efectivos quedaron como únicos imputados y a la espera de un juicio oral que finalmente no se concretó.
Expediente
El hecho ocurrió en septiembre de 2011, cuando Franco Ezequiel Nieva (16), Nelson Alfredo Orlando Molas (17), Nelson Nahuel Fernández (15) y Franco Alejandro Sosa (16) murieron tras un incendio en la celda donde se encontraban alojados. Los chicos llevaban varios días privados de la libertad bajo custodia estatal.
En octubre de 2014, los fiscales Miguel Mauvecín y Marcelo Sago elevaron la causa a juicio. En abril de 2015, el juez de Control de Garantías de Primera Nominación, Héctor Maidana, confirmó la citación a juicio y la causa ingresó en el Juzgado Correccional de Primera Nominación.
En septiembre de 2016, las exmagistradas y el funcionario público tuvieron otra suerte. El juez de Control de Garantías de Tercera Nominación, Ramón Porfirio Acuña, ordenó el sobreseimiento total y definitivo de las ex juezas de Menores. En tanto que Silva fue sobreseido por prescripción tras presentaciones de sus abogados. Los policías quedaron a la espera de ocupar el banquillo de los acusados.
Para Altamirano, el posible desenlace del expediente -el Ministerio Público Fiscal interpuso un recurso extraordinario federal, que de concederse el caso llegaría a la Corte Suprema de Justicia de la Nación- expone un fracaso institucional. “Hubo víctimas que quedaron sin justicia, pero tampoco hay justicia para los imputados. El Estado no logró garantizar la prestación del servicio de justicia”, sostuvo.
Víctimas, acusados y sobreseidos
Día del hecho
• 9 de septiembre de 2011.
• En la Alcaidía de Menores.
Víctimas
• Franco Ezequiel Nieva (16).
• Nelson Alfredo Orlando Molas (17).
• Nelson Nahuel Fernández (15).
• Franco Alejandro Sosa (16).
Imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público
• Ilda Figueroa (ex jueza de Menores).
• Ana María Nieto (ex jueza de Menores).
• Javier Silva (ex ministro de Gobierno y Justicia).
Imputados por homicidio culposo agravado por el número de víctimas fatales
• Adrián Antonio Mansilla (policía).
• Luis Alberto Leiva (policía).
• Juan Carlos Reyes (policía).
• Adriana del Valle Galván (policía).
Sobreseimientos
• Septiembre de 2016: el juez de Control de Garantías de Tercera Nominación, Ramón Porfirio Acuña, dictó el sobreseimiento total y definitivo de las ex juezas Ilda Figueroa y Ana María Nieto.
• 2016: Javier Silva fue sobreseído por prescripción, tras presentaciones de su defensa, en la causa por incumplimiento de deberes de funcionario público.
• 2025: la Corte de Justicia de Catamarca declaró la insubsistencia de la acción penal y sobreseyó a los cuatro policías imputados por homicidio culposo por violación al plazo razonable.