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SUSCRIBITELa reciente excarcelación de la abogada Sofía Piña, expareja de Adhemar Bacchiani, ordenada por el juez federal, Miguel Ángel Contreras, puso en alerta a los abogados querellantes, quienes comenzaron a realizar fuertes cuestionamientos a la Justicia Federal, alertando sobre posibles maniobras que podrían desviar o hacer desaparecer los supuestos depósitos de criptoactivos que formarían parte del patrimonio de Bacchiani y sus principales secuaces.
Si bien las presentaciones realizadas no atacan específicamente a Piña, quien estuvo detenida con prisión domiciliaria por “fraude e insolvencia fraudulenta en concurso real, en el grado de partícipe necesario”, apuntan a una prohibición impuesta por Contreras al momento de darle el beneficio, previa caución juratoria: la prohibición de operar con criptoactivos.
Al malestar se suma el generado por el beneficio de prisión domiciliaria otorgado al abogado Lucas Retamozo, quien estuvo detenido en la Policía Federal por “asociación ilícita, intermediación financiera, lavado de activos y fraude como autor; e insolvencia fraudulenta como partícipe necesario”.
Se agrega la prisión domiciliaria de José Blas –el presunto amigo invisible de Bacchiani-, quien también está imputado por “intermediación financiera sin autorización, lavado de activos estafa y asociación ilícita".
El estado de libertad con el que cuenta Zaraive Celeste Garcés Rusa, otra expareja de Bacchiani, procesada por "intermediación financiera no autorizada", también abona las duras presentaciones efectuadas por los inversionistas damnificados.
En este contexto, el querellante Diego Figueroa acompañó el pedido de traslado de Blas al penal de Miraflores y la inmediata detención Garcés Rusa realizada recientemente por otra querella, a cargo de Gastón Navarro.
Entre sus argumentos y coincidiendo con Navarro, Figueroa resaltó las "innumerables rogatorias efectuadas para efectivizar el resguardo de los fondos de las criptoactivos alojados en cuentas de la empresa Binance que día a día siguen dilapidándose por parte de los encartados que ha sido demostrada por informes de Binance y declaraciones testimoniales".
En otra parte de la presentación, advierte que "la impunidad de esta causa es más una probabilidad cierta que una mera expectativa de los imputados, dadas las últimas medidas de excarcelación, domiciliarias y morigeraciones de coacciones procesales".
Sostiene además que "las contradicciones en las que incurre el tribunal cada vez que dicta una medida que ante tres o cuatro escritos de los imputados se vuelven para atrás, sugieren una incerteza para todos los actores, tanto para la Fiscalía como para las defensas y las querellas, que ya no entendemos si las medidas se toman de manera 'razonada' o son producto de un 'empañamiento de mismas solicitudes', como si esto fuera un proceso civil".
Asimismo y haciendo referencia a que Blas, Retamozo, Piña y Garcés Rusa declararon como imputados colaboradores, finalizó: "Ninguno de los beneficiarios de su altruismo procesal ha hecho absolutamente nada para colaborar con la investigación (...) Si el fin último es desgastar a los querellantes y que todo quede impune, que por una razón de humanidad a quienes sufrieron los avatares de este ilícito, se le dé la extrema unción".
Varias querellas sospechan que José Blas, Garcés Rusa y Piña continúan efectuando operaciones de "tradeo" de criptoactivos a través de aplicaciones que pueden ser realizadas, por ejemplo, desde un teléfono celular con conexión a Internet.n
