Lo fundamentó en el cuidado de la privacidad de los datos que puede haber en los dispositivos estudiados. Otros 55 aparatos fueron enviados a Buenos Aires para su análisis.
El fiscal de instrucción nº5, Hugo Costilla, habilitó de manera parcial el acceso a las pruebas que existen sobre la denominada 'Banda de los usurpadores', bajo el criterio de que darle el acceso total a todas las partes podría significar una "intromisión desproporcionada" en la esfera íntima de los imputados.
De esta manera, el acceso a la evidencia digital que ya existe se hará "con filtrados selectivos de información", sujetos a la disponibilidad de recursos y personal, con prioridad a los que soliciten los imputados que siguen detenidos. Se trata de información que se extrajo de dispositivos que habían sido secuestrados en otra causa, que fue utilizada por Costilla para hacer la acusación.
Además, está pendiente el análisis de 55 dispositivos electrónicos que fueron enviados a la Ciudad de Buenos Aires porque en el Laboratorio Satélite de Catamarca estimaron que habría turno para realizar las pericias recién en junio.
Todas estas medidas prolongan la instrucción de la causa, mientras a Costilla lo apremian los tiempos del jury: aunque logró la suspensión de una de las denuncias, los plazos siguen vigentes por las otras dos denuncias en su contra.
Costilla realizó una extensa fundamentación de esta decisión, al señalar que fue tomada para equilibrar el derecho al control de la prueba con la protección de la privacidad. En esa línea, dijo que es su deber "identificar y extraer la información potencialmente relevante para la investigación, preservando la privacidad de los datos que no guarden relación directa con los hechos imputados". Al respecto, consideró que si hubiera alguna diferencia de criterio con las partes sobre la metodología de acceso al filtrado selectivo de la información, deberá ser el juez de garantías quien autorice y supervise el acceso a la información.
"Entiendo que dar acceso irrestricto a todas las partes al abundante material contenedor de la potencial evidencia digital plantea un doble desafío. Los volúmenes de información dificultarían sensiblemente la factibilidad de controlar su trazabilidad", remarcó.
Para Costilla, dar ese acceso libre "implicaría una intromisión desproporcionada en la esfera íntima de cada uno de los imputados". "Aunque exista una investigación por asociación ilícita, no todo el contenido almacenado en sus dispositivos necesariamente estará vinculado al delito. Exponer indiscriminadamente información personal, comunicaciones privadas, fotografías, videos y otros datos sensibles sin una conexión probatoria directa con los hechos investigados constituye una violación del derecho a la privacidad reconocido en la Constitución Nacional y tratados internacionales", aseguró y agregó que permitir a las partes explorar libremente la totalidad del material digital, sin filtros ni justificación especifica, "se asemeja a una excursión de pesca, práctica rechazada por la doctrina y la jurisprudencia por su potencial abusivo y lesivo de derechos".
El fiscal consideró que la cantidad de material disponible y la gran cantidad de partes involucradas (hay 18 imputados hasta el momento) "aumentan significativamente el riesgo de difusión indebida o uso malicioso de información privada que no sea relevante para la investigación".
"Paradójicamente, un acceso irrestricto a una cantidad masiva de información digital puede dificultar el ejercicio eficiente del derecho al control de la prueba. Ante un volumen abrumador de datos, las partes podrían perderse en información irrelevante, dificultando la identificación de la evidencia crucial y la formulación de argumentos defensivos o acusatorios sólidos. Un acceso focalizado y delimitado a la información pertinente para la individualización de la imputación concretamente formalizada en autos facilita un análisis más exhaustivo y efectivo por parte de todos los intervinientes", valoró.
Por otra parte, Costilla destacó que resta conocer lo que se pudiera extraer de los 55 dispositivos secuestrados en los allanamientos de fines de marzo. En este sentido, pidió la colaboración del Centro de Investigaciones Judiciales de la Ciudad de Buenos Aires, ya que en el Laboratorio Satélite de Catamarca les dieron fecha tentativa de turno para revisar los dispositivos recién para junio. En el oficio al CIJ, el fiscal pidió que se contemple el carácter de excepcional y la urgencia de la causa.n
