La criptoestafa || El fiscal irá al banquillo en dos semanas
Costilla enfrentará el jury por la causa Wika a partir del primer lunes de septiembre
Está acusado de mal desempeño e incumplimiento de sus deberes. El fiscal Augusto Barros consideró que tuvo un trato preferencial con el 'Trader God' Adhemar Bacchiani.
El Tribunal de Enjuiciamiento resolvió que el jury contra el fiscal de instrucción nº5, Hugo Costilla, comience el próximo lunes 1º de septiembre, en el marco de la acusación por mal desempeño e incumplimiento de sus deberes, que fuera informada por el fiscal del jury, Augusto Barros, en los primeros días del mes pasado. Lo acusan por su participación en la investigación de lo que se conoció como la "Causa Wika", un cruce de denuncias en torno a la posesión del inmueble donde funciona el boliche bailable, que tuvo como protagonistas al empresario Cristian Guillou y al fallido financista y autoproclamado estafador, Edgar Adhemar Bacchiani.
El Tribunal está constituido por el presidente de la Corte de Justicia, Hernán Martel, los diputados Damián Brizuela (UP) y Carlos Marsilli (UCR), el senador Augusto Ojeda (UP), y los abogados Federico Pague y Cecilia Martín. Hay una amplia expectativa en torno al desarrollo del debate, ya que el fiscal del jury, Augusto Barros, propuso que sean citados como testigos el fiscal general, Alejandro Gober, y el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz.
Barros acusó a Costilla por lo que consideró que fue una "persecución arbitraria" contra el empresario Cristian Guillou y un "trato funcional privilegiado" con el 'Trader God' Edgar Adhemar Bacchiani y su entorno. En la acusación, que se conoció a principios de julio, anticipó que pedirá la destitución del fiscal, al endilgarle un mal desempeño de sus funciones y el incumplimiento reiterado de los deberes inherentes al cargo, en el contexto de lo que consideró una "patrón de conducta funcional que se considera violatorio de los principios de legalidad y objetividad, una omisión deliberada de investigar delitos de trascendencia institucional", entre otros puntos, incluyendo su falta de colaboración con la Justicia Federal.
Barros remarcó que, con su accionar, Costilla tuvo un "apartamiento reiterado de los principios éticos fundamentales que deben orientar el desempeño del Ministerio Público Fiscal", y no pasó por alto el hecho que pesa sobre él una denuncia formal ante la Secretaría de Sumarios del Poder Judicial por "presuntas vinculaciones extraprocesales con el financista Bacchiani, en razón del auspicio económico que su firma prestaba al equipo de fútbol amateur en el que Costilla participaba activamente".
En este sentido, Barros recordó que Costilla intentó el archivo de la denuncia que el empresario Cristian Guillou realizó sobre presuntos ilícitos cometidos por Edgar Adhemar Bacchiani, "consistentes en operaciones fraudulentas de transferencia de bienes muebles e inmuebles, ocultamiento patrimonial a través de terceros y maniobras tendientes a evitar el cumplimiento de obligaciones asumidas con inversores y acreedores". "Tales conductas fueron puestas en conocimiento del fiscal Costilla mediante múltiples presentaciones, acompañadas de prueba documental, referencias a testigos presenciales y actuaciones notariales con irregularidades manifiestas", indicó Barros, que acto seguido cuestionó el hecho de que Costilla "no ordenó ninguna medida de prueba relevante". Sin embargo, a Guillou lo imputó a pocas horas de la denuncia de la ex esposa de Bacchiani.
También le recriminó no haber informado de sus actuaciones a sus superiores, especialmente al tener conocimiento de que manejaba una causa "de marcada repercusión social, económica e institucional". "El caso denunciado por Guillou no solo reunía esas características, sino que se encontraba inescindiblemente ligado a la causa penal más significativa que haya tramitado en la historia reciente de Catamarca: el proceso federal seguido contra Edgar Adhemar Bacchiani por estafas multimillonarias, asociación ilícita, lavado de activos e intermediación financiera no autorizada. Dicha causa fue ampliamente difundida por medios nacionales y locales, originó cientos de denuncias en la provincia, movilizaciones de damnificados, cobertura mediática constante y múltiples pedidos de informes institucionales", había advertido Barros.
